El gobierno de Trump acusó a Maduro de "inundar a EEUU con cocaína" y ofrece U$S15 millones de recompensa

El gobierno estadounidense anunció el jueves cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus allegados acusándolos de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. 

El Departamento de Justicia acusó a Maduro y al líder del partido socialista Diosdado Cabello de conspirar con la guerrilla colombiana para "inundar a Estados Unidos con cocaína'' y utilizar la venta de drogas "como arma contra'' dicho país. 

"Estimamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales'', declaró el departamento. 

El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que su despacho ofrecerá recompensas en efectivo de hasta 55 millones de dólares por información que lleve al arresto a fallos de culpabilidades para Maduro y cuatro de sus allegados. 

Las recompensas, de hasta 15 millones de dólares para el presidente y hasta 10 millones para cada uno de los otros, se ofrecen mediante el Programa de Recompensas de la División de la Lucha Antinarcóticos, que ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas a cambio de información sobre 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986. 

"Al ocupar altos cargos en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar el transporte de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de aeronaves que salen de una base aérea venezolana, y el control de rutas de droga por los puertos de Venezuela'', indicó Pompeo en una declaración. 

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Esta acción contra un mandatario en funciones prácticamente no tiene precedentes y apunta a incrementar a niveles no vistos hasta ahora las tensiones entre Washington y Caracas, en momentos que el nuevo coronavirus amenaza con colapsar el sistema de salud venezolano y una economía dependiente del petróleo afectada por años de corrupción interna y sanciones de Estados Unidos.

Analistas dijeron que las medidas sorpresivas podrían impulsar la reelección del presidente Donald Trump en el estado clave de Florida, donde ganó por un estrecho margen en 2016 y a donde han llegado venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyeron de regímenes autoritarios. 

Sin embargo, no está claro cómo podría ayudar esto a poner fin a más de 15 meses de enfrentamientos entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó. Además, esto podría fragmentar la coalición de países que se han opuesto a Maduro si algunos latinoamericanos y europeos piensan que la administración de Trump se extralimitó. 

"Este tipo de acción no hace nada para ayudar a una solución negociada, algo que ya es realmente difícil'', dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018. 

Maduro, un exconductor de autobús de 57 años, se presenta a sí mismo como un ícono de la izquierda latinoamericana. Durante mucho tiempo acusó al "imperio'' estadounidense de buscar cualquier excusa para tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, comparando las gestiones actuales estadounidenses con la invasión de Panamá en 1989 y la expulsión del general Manuel Noriega para enfrentar cargos de narcotráfico en Florida. 

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, están a favor de adoptar una línea dura contra Maduro de igual manera que hicieron en la década de 1980 contra Noriega, cuando Barr era funcionario del Departamento de Justicia y Abrams era subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos. 

Funcionarios estadounidenses ven otras analogías. Al igual que en ese entonces Estados Unidos acusaba a Noriega, ahora la administración de Trump acusa a Maduro y a sus comandantes militares de alojar a narcotraficantes, guerrilleros colombianos e incluso al grupo guerrillero libanés Hezbollah. 

La administración acusa también a funcionarios del gobierno de Maduro y a empresarios influyentes de robarse miles de millones de dólares de las arcas públicas, particularmente dinero de la empresa petrolera PDVSA, cuya producción se ha desplomado a un nivel no visto en siete décadas. 

Aun así, no será fácil iniciar un proceso contra Maduro pues por lo general los líderes nacionales, según leyes estadounidenses y el derecho internacional, son inmunes a procesos penales. 

Sin embargo, Estados Unidos es uno de 60 países que no consideran a Maduro el líder legítimo de Venezuela aunque ejerza el poder de facto. Reconocen en ese cargo a Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, pues consideran que la reelección de Maduro fue ilegítima. 

Las evidencias contra Maduro fueron recabadas durante años por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington que han acusado a funcionarios, militares y empresarios venezolanos de soborno y lavado de dinero. 

Gran parte de las pesquisas se han centrado en PDVSA, fuente de casi todos los ingresos por exportación que entran a Venezuela. El año pasado el gobierno estadounidense impuso sanciones contra PDVSA según las cuales ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios con la empresa. 

Pero para sorpresa de muchos, Maduro ha logrado mantenerse en el poder, pese a protestas callejeras, intentos de golpe y un masivo éxodo en que millones de venezolanos han huido de la hiperinflación y la escasez de alimentos. 

Ante la caída del apoyo a Guaidó en las calles venezolanos, la administración de Trump intensificó la presión el año pasado, retirando su apoyo al proceso de mediación lanzado por Noruega y ampliando las sanciones de tal manera que incluso empresas extranjeras serían castigadas si transan con el gobierno de Maduro. 

Ante pedidos del senador republicado por Florida, Marco Rubio, Barr le dio prioridad a las investigaciones sobre el círculo de asesores de Maduro, según dos fuentes enteradas de las decisiones que pidieron no ser identificadas. 

La presión para que esas gestiones den fruto, dijeron las fuentes, aumentó por la época en que Guaidó visitó Washington en febrero y asistió al discurso del Estado de la Unión, invitado de Trump. 

Pero la propagación del coronavirus demoró el anuncio, que iba a ser el 16 de marzo, indicaron las fuentes. 

La crisis por el virus probablemente distraerá la atención del gobierno estadounidense y podría causar divisiones en la oposición venezolana, algunos de cuyos miembros se han manifestado a favor de cooperar con el equipo de Maduro para combatir la enfermedad. Podría también animar los pedidos de Maduro para que Estados Unidos levante sus sanciones, una idea favorecida por algunos países europeos. 

Frank Mora, exfuncionario del Pentágono, considera que Estados Unidos tiene razón de condenar a Maduro por la represión contra su propio pueblo, por la corrupción y por convertir a Venezuela en un emporio criminal. 

Pero al mismo tiempo, teme que todo no sea más que una maniobra política para ganarse el voto de los hispanos en Florida. 

"No vamos a invadir y capturarlo'', señaló Mora, hoy en día director del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de Florida. 

"Esto no se trata de cambio de régimen ni de restaurar la democracia en Venezuela. Se trata de política electoral'', agregó. 

Por su parte, el viceministro para Europa de la cancillería venezolana, Yvan Gil, quien afirmó en su cuenta de Twitter que en medio de la pandemia Estados Unidos "prioriza en su agenda desquiciada''. 

Gil consideró como "ridículas acusaciones sin pruebas'' los señalamientos contra Maduro, y sostuvo que en la Casa Blanca "asumen la fractura total de la oposición y se quedan solo con los radicales de (hash)Guaidó que desean sangre y dolor íotro intento que fracasará!''.