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Se trata de la cuota de un bono emitido bajo ley extranjera, que debería saldarse hoy y que está incluido en la oferta de canje oficial por U$S 7.418 millones. Kicillof aspira a continuar el diálogo con los acreedores
El MES PASADO, EL gobernador PRESENTÓ LA PROPUESTA DE CANJE DE LA DEUDA BONAERENSE / ARCHIVO
La provincia de Buenos Aires no lograría zafar del default, al vencer hoy el plazo de gracia que el gobierno de Axel Kicillof tenía para saldar un vencimiento de deuda bajo ley extranjera por 111 millones de dólares, pago que, según confiaron fuentes oficiales a EL DIA, no se concretaría en la fecha prevista.
Razones sobran, argumentan en la Gobernación. El coronavirus, su consecuente cuarentena y los efectos nocivos sobre la economía y la sanidad hicieron mella en las ya debilitadas arcas provinciales. Se alteraron todas las prioridades. “No hay fondos y lo que hay se destina al pago de salarios, a atender las demandas que surgen en medio de la pandemia”, explicaban en el entorno del Gobernador, que aspira a continuar con las negociaciones por la vía del diálogo.
Otro motivo llevaría a la Provincia a desestimar el vencimiento. Cumplir con el pago, sostienen, sería boicotear el proceso de reestructuración de deuda que la administración Kicillof presentó semanas atrás a los acreedores externos, en una estrategia que camina de la mano con la encarada por el gobierno nacional, pero que no resulta del agrado de los bonistas.
Aunque en la Gobernación eluden hablar de default, el escenario actual no los toma con la sorpresa del virus. Era una de las posibilidades, dado que el título por U$S111 millones estaba incluido en la oferta de canje, como así también otro vencimiento cercano, para el próximo mes, por 500 millones de dólares.
El desembolso que debería realizarse ahora venció, en rigor, el 1º de mayo. A partir de entonces comenzó a correr el período de gracia de diez días que concluye hoy.
“La decisión es no pagar y seguir dialogando”, insistían ayer fuentes cercanas al mandatario bonaerense, convencidas de que “el gesto ya lo hicimos en febrero”, cuando la Provincia dio muestras de su voluntad de pago al cumplir con un vencimiento por unos 250 millones de dólares y evitar caer en el default.
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Desde entonces, COVID-19 mediante, la situación cambió. Para peor.
Por eso, en el Gobierno se juegan todas las fichas a lograr el entendimiento con los acreedores y que finalmente acepten la propuesta de reestructuración.
No parece una tarea sencilla. Mientras que para la Provincia la renegociación por 7.148 millones de dólares, con tres años de gracia (no pagar obligaciones extranjeras hasta 2023), una reducción de intereses cercana al 55 por ciento y una quita de capital del 7 por ciento , resulta “la mejor oferta posible dentro de las restricciones actuales”, los inversores ya expresaron su desdén. Por considerar que la propuesta resulta “perjudicial” para ellos, que no fue hecha de “buena fe” y que la capacidad de pago bonaerense permitiría un esfuerzo mayor. No obstante, se mostraron proclives al diálogo.
Como el vencimiento que debería saldarse hoy, la oferta realizada a los tenedores de deuda bonaerense también entró en tiempo de descuento y en las próximas horas deberán responder si la aceptan o la rechazan.
Además de los términos mencionados, esa propuesta supone un estiramiento de los plazos promedio de los bonos de 4,7 a 13 años, con un ahorro total para las arcas provinciales de unos 5.000 millones de dólares. Y que, como se mencionó, ningún pago externo se desembolse antes de 2023.
“Para poder pagar, primero la economía tiene que crecer”, fundamentan los funcionarios provinciales
Ya al presentar su “análisis de sostenibilidad” ante los acreedores, el Gobierno reclamó la necesidad de “consensuar un alivio financiero temporal para poder retomar un sendero de crecimiento duradero y atender las necesidades críticas a nivel social y de infraestructura”.
Ese documento agregaba también que “la Provincia acumula años de deterioro macroeconómico y social, el cual se ha agravado significativamente en años recientes de la mano de una profunda recesión” y estimaba que “dicha recesión se profundizará, como mínimo, durante gran parte de 2020, a raíz de la situación de emergencia relacionada el COVID-19”.
Y advertía que la deuda pública resulta “insostenible” e “impagable”, debido a los “vencimientos elevados y concentrados en el corto plazo: el plazo promedio total de nuestra deuda es de apenas 3,3 años y los vencimientos solo con el sector privado en moneda extranjera totalizan US$ 5.500 millones hasta 2023”.
La reestructuración, entonces, resulta “crucial”, tal como coinciden también los intendentes bonaerenes de distinto color político, quienes en las últimas horas expresaron su apoyo a la renegociación crediticia que, en consonancia con la Nación, busca “recuperar la sostenibilidad de la deuda, contemplando la capacidad de pago real de la Provincia y permitiendo superar la grave crisis económica y social en curso”. Para los jefes comunales, se debe perseguir una salida “ordenada y justa” a la crisis derivada por la pandemia, que “traerá consecuencias sociales dramáticas para nuestra provincia”.
Con todo, de las conversaciones ya mantenidas con los bonistas, el Ejecutivo bonaerense sacaba una conclusión optimista: “Hemos tenido conversaciones con los acreedores y no hay una postura monolítica. Existen distintas visiones y miradas sobre la deuda”.
Mientras en el mercado, de acuerdo a las estimaciones difundidas en el ocaso de la semana que pasó, vaticinaban que solo el 20 por ciento de los bonistas estaría dispuesto a aceptar la oferta oficial. El resto, a la espera de una propuesta superadora, se preparaba para una trabajosa negociación.
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