Buscan que empleados públicos de la Provincia que teletrabajan tengan "derecho a desconexión"

A los empleados públicos de la Provincia que estén realizando tareas en sus casas en modalidad teletrabajo por la pandemia de coronavirus se les deberá respetar el "derecho a la desconexión", es decir, a dejar de recibir llamadas, mails fuera del horario laboral. Además, se les deberá garantizar conectividad y capacitación para poder cumplir con su trabajo. 

Así lo plantea un proyecto de ley impulsado en la Legislatura bonaerense por diputados opositores que viene a recoger un reclamo sostenido por los gremios en la Provincia desde que a fines de marzo se dispuso que en la administración pública sólo se cumplan en forma presencial tareas esenciales y que el resto se haga a través del teletrabajo. 

El "derecho a la desconexión", que contempla que los trabajadores puedan tener límites claros del horario laboral en sus domicilios, ya fue planteado en varios proyectos de ley presentados en el Congreso nacional, donde además ayer el ministro de Trabajo Claudio Moroini planteó la necesidad de avanzar "lo más rápido posible" con una normativa de esa naturaleza. 

En la Legislatura, los diputados Valentín Miranda y Sergio Siciliano (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto en ese sentido, que establece que "los derechos y obligaciones serán consensuados y regulados entre las partes por escrito" y el teletrabajo "será consentido expresamente por el trabajador".

En cuanto a la conectividad a internet, la norma dice que debe estar garantizada y los horarios podrán ser flexibles ya que se busca garantizar el derecho a la desconexión, un reclamo sostenido de los gremios.

Sobre el control de tareas "se ejercerá teniendo en cuenta el respeto a la vida privada del trabajador, su intimidad y la privacidad de su domicilio", sostiene el proyecto de los opositores.

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En cuanto a los equipos y programas podrán ser provistos por la administración siendo el trabajador responsable de su uso y de la no utilización de terceros y si, fuesen propiedad del empleado, deberá ser recompensado por los gastos del uso.

Asimismo, la iniciativa expresa que “la administración deberá proveer al trabajador de la capacitación necesaria para el desarrollo de las tareas solicitadas” que podrá hacerse de manera presencial o virtual.

También propone que se modifique la cobertura exigida por la ley en relación a los riesgos laborales de acuerdo a las condiciones de prestación, las que no afectarán la naturaleza del vínculo laboral.

Se aplicaría a todos los regímenes laborales existentes en la administración pública, centralizada y descentralizada instando a los otros estamentos de la provincia a establecer modalidades de trabajo similares.

"Se trata de una cuestión novedosa donde deben fijarse claramente los límites. La intención es fijar pautas que sirvan para lograr una mayor eficacia de la administración en todos los órdenes sin desmedro de los derechos de los trabajadores”, precisó Miranda.