Centros de aislamiento en Formosa: llegó Pietragalla e interviene la justicia provincial

En medio de reclamos y protestas tras las denuncias por los centros de aislamiento en Formosa por los contagios de coronavirus, llegó Horacio Pietragalla Corti el secretario de Derechos Humanos a la provincia gobernada por Gildo Insfrán. Hay una extrema tensión luego de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos y en las últimas horas el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, dictaminó que debe intervenir la Justicia provincial de Formosa "con la máxima urgencia que la cuestión requiere" en el trámite de una acción de habeas corpus. En tanto, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) le solicitó informes al gobierno formoseño sobre la situación de los polémicos centros, por lo que inició una investigación preliminar para determinar si se cometieron delitos.

Cabe destacar que Pleé solicitó que se "rechace el recurso interpuesto" por el senador nacional por Formosa y titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien apeló la decisión de la justicia federal de su provincia que se declaró incompetente para entender en el tema y remitió el habeas corpus al fuero local.

El fiscal sostuvo que debe rechazarse el recurso y disponerse "la remisión de la presente acción de hábeas corpus a la Justicia provincial de Formosa con la máxima urgencia que la cuestión objeto de la misma requiere", en un dictamen no vinculante. Pleé dictaminó a favor de que se confirme lo resuelto en Formosa en relación a que corresponde intervenir a la Justicia provincial y ahora deberá resolver la sala de feria del máximo tribunal penal federal del país, integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone. Casación convocó a una audiencia para este mediodía pero Pleé optó por presentar un memorial por escrito.

"El recurrente no ha logrado demostrar que se esté en presencia de una resolución de carácter definitiva o asimilable –artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación-, toda vez que las decisiones recurridas no ponen fin al proceso de habeas corpus ni impiden su continuación ante el órgano jurisdiccional correspondiente", analizó el fiscal.

Sin embargo, "las cuestiones traídas a esta instancia resultan de tan alto interés institucional que, a juicio de esta representación del Ministerio Público Fiscal, resulta necesario adentrarnos a su análisis".

"Este Ministerio Público advierte que, cuanto menos, algunos de los casos denunciados -especialmente en los que existen menores involucrados y en aquéllos que por ser contacto estrecho son asimilados en el aislamiento a los casos positivos-, ameritarían una decisión urgente de la autoridad judicial competente", agregó.

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Pleé concluyó que "en la inteligencia antedicha, y centrándonos exclusivamente en la determinación de la competencia a asignarse para el conocimiento y decisión de la acción de habeas corpus entablada, entiendo que el recurso interpuesto por el accionante debe ser rechazado".

En el dictamen se analizó que "es cierto que, en lo que respecta a las medidas de prevención dispuestas por el Gobierno federal, ellas deben entenderse como un marco regulatorio macro en el que los gobiernos provinciales aparecerían como delegados de la política sanitaria nacional en el cumplimiento de esas pautas generales".

Ante esto "no puede negarse que todas las medidas sanitarias y de bioseguridad que desde el estado provincial se decidan, lo son conforme a ese marco jurídico implementado desde el gobierno nacional para contrarrestar los efectos de la pandemia por Covid-19, pero ello no quita que sean consecuencia lógica y constitucional del ejercicio del Poder de Policía Sanitario no delegado a la Nación", agregó.

"Por ende, en cada jurisdicción provincial, y de acuerdo a las características socio ambientales de su población, los gobiernos locales son los que eligen y determinan las normas y acciones que entienden más adecuadas a los fines de esa política sanitaria", concluyó.

Petcoff Naidenoff presentó una acción de hábeas corpus correctivo colectivo ante la Justicia Federal de Formosa "a favor de quienes se encuentran alojados en los centros de aislamiento de dicha ciudad, que ascenderían a la cantidad aproximada de 250 personas", se recordó en el dictamen.

"Los destinatarios de la presente acción, fueron aislados en cuarentena por ser casos positivos leves de COVID-19 y/o por ser contacto estrecho con casos positivos de COVID- 19, no obstante, en estos lugares no se respetan, según afirma, las mínimas condiciones de higiene y salubridad, ni las recomendaciones sobre aislamiento efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo Naidenoff.

Esas condiciones de aislamiento "violentan los derechos humanos de las personas que se encuentran allí alojadas", se argumentó en la acción de habeas corpus.

No obstante, tanto desde el Gobierno de la provincia como dirigentes del PJ Nacional y legisladores como el senador José Mayans insistieron en que la presentación judicial está vinculada con una "campaña" contra la administración de Insfrán.

Ayer el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, advirtió que existe "una gran maniobra mediática" y enfatizó que las autoridades provinciales tomaron "la decisión de defender la vida y la salud de los formoseños".

El funcionario reiteró que "la pandemia de coronavirus requiere de funciones sanitarias muy claras, firmes y concretas", y sostuvo que es necesario "plantear cuáles son los objetivos superiores a defender en esta etapa especial de la pandemia".

De acuerdo a las estadísticas oficiales de la sala de situación Covid-19 del portal del Ministerio de Salud de la Nación, Formosa es la provincia con la menor tasa de mortalidad por millón de habitantes del país (3 cada millón, mientras que la CABA, la más alta, registra 1866 por millón).