Otra jornada plagada de piquetes en capital

Organizaciones sociales realizaron ayer una jornada de protesta con múltiples cortes en Capital Federal y en diversos accesos a esa ciudad. En las vísperas del fin de semana largo, reclamaron más asistencias a los comedores.

La manifestación más grande se concentró frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social, donde militantes del MST llegaron con banderas y bombos.

En tanto, en el Obelisco se desarrolló la segunda jornada del “ollazo nacional contra el hambre en rechazo al ajuste, la pobreza y el crecimiento del desempleo y la miseria en el país”. Pasado el mediodía el corte se trasladó a la avenida Corrientes y los autos tuvieron que ser desviados desde altura Callao.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, Bloque Piquetero Nacional, Organización 17 de noviembre, Barrios de Pie, MST Teresa Vive, Izquierda Latinoamericana, entre otras.

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, informó que se trata de “una jornada de agitación y de denuncia” como consecuencia de “la situación en los comedores que se agrava”.

En tanto, Mónica Sulle, del MST, señaló que “la entrega de alimentos no se realiza regularmente, y a veces pasan meses sin que nos entreguen. Han bajado la calidad y la cantidad de productos, lo que significa también un ajuste en el presupuesto”.

LE PUEDE INTERESAR

Bajó un poco el blue y el Central compró dólares

LE PUEDE INTERESAR

En agosto cayeron la industria y la construcción

Según dijeron los manifestantes, se trata de planes a los que se había comprometido el gobierno para este mes pero que todavía no fueron entregados.

En tanto, hubo una nutrida convocatoria de representantes de pueblos y naciones originarias que se movilizaron hacia el Congreso de la Nación para reclamar una nueva prórroga a la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, cuya vigencia vence el mes próximo.

Se trata de la norma sancionada en 2006 -prorrogada ya en tres oportunidades- que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y, entre otros aspectos, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan, y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas.