De cómo la obsesión por espiar hizo trizas una osada decisión política

Primero, las cosas como son: está pésimo que los gobiernos, sean del color que sean, incidan de cualquier manera en la confección de causas judiciales contra rivales políticos o facciones opositoras, ya sea con motivos sólidos o inventados. Segundo: lamentablemente, pasa desde siempre por aquel antiguo vicio argentino de tornar medio relativa la línea divisoria que separa a los poderes del Estado.

Por eso, son casi hilarantes las sobreactuaciones de uno y otro lado de la grieta. “A” dice que cuando “B” gobernaba lo perseguía judicialmente y le armaba causas. Y “B” dice que ahora que gobierna “A”, éste le hace exactamente lo mismo. Espiar es un modus operandi que, evidentemente, no conoce divisiones políticas.

A Mauricio Macri y los funcionarios que se encargaron del sistema de Inteligencia durante su gobierno se los investigó por el presunto delito de armar una asociación ilícita para hacer vigilancia ilegal sobre políticos, funcionarios, sindicalistas y periodistas. La Cámara Federal porteña acaba de darles una excelente noticia: consideró que no existió ese contubernio sino que hubo tareas de espionaje por iniciativas “cuentapropistas” de ciertos agentes para luego cometer extorsiones. Sin ordenes de arriba, digamos.

Macri, sin embargo, sigue investigado por lo mismo -espiar ilegalmente- en el expediente que da cuenta de la presunta vigilancia espuria sobre los familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017. El ex presidente sostiene que es algo inventado por el kirchnerismo a través de sus presuntas espadas judiciales.

Todo esto viene a cuento de la difusión de un video, supuestamente grabado por la AFI macrista pero conocido ahora, en el que se ve a dos ministros de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a un senador provincial, a un intendente de peso que hoy es opositor trazando ciertas líneas de acción a varios empresarios del rubro de la construcción para llevar a la Justicia al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, el ex capo del gremio de la construcción (UOCRA) en La Plata y su zona de influencia. La grabación es de junio de 2017.

¿Qué muestra el video maldito? A Marcelo Villegas (ministro de Trabajo), Adrián Grassi (subsecretario de Justicia), Roberto Gigante (titular de Infraestructura) y demás actores asegurándoles a los empresarios/constructores que el gobierno de entonces les daría respaldo político y plafón judicial para que ellos querellaran a Medina porque, como denunciaban informalmente y en voz baja desde hacía una década o más, eran víctimas de sus constantes (presuntas hasta que hable la Justicia) extorsiones para poder trabajar.

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Coloquialmente: “Ustedes denuncien que ya está hablado con la Justicia que las causas van a avanzar”. Es, en efecto, la intromisión de un poder del Estado en otro. También, la confirmación de una decisión política que se tomó apenas Cambiemos se hizo cargo de la Provincia y del gobierno de La Plata: ir contra Medina, “bancar” a los empresarios que hacían cola para cuestionarlo y que aparentemente no habían encontrado interlocutores políticos y judiciales durante el par de décadas de gobiernos peronistas.

Hoy, después del video venenoso, eso se presenta desde el peronismo que ahora gobierna de nuevo la Provincia y la Nación como una “persecución sindical”. En especial porque el verborrágico Villegas habló en esa escucha con imágenes de armar una “Gestapo” contra los gremios. Una barrabasada por donde se lo mire. Pero, en rigor, en aquella época casi todo el arco empresarial local vinculado a la construcción aplaudió la ofensiva para que se sometiera a investigación judicial a algunas acciones del “Pata” que supuestamente los perjudicaban y demoraban sus trabajos.

Por eso, son casi hilarantes las sobreactuaciones de uno y otro lado de la grieta

El video, por cierto, deja en un lugar incomodísimo a esos hombres de negocios. Respaldados por fin por el poder político de entonces, se presentaron en la Justicia como víctimas de Medina y ahora quedan indirectamente enchastrados con la idea que muy hábilmente empezó a operar el oficialismo de pegar el affaire platense a la teoría del lawfare, según la cual todo esto es parte de una gran persecución que se armó entre los medios, la política y varios funcionarios judiciales contra los líderes populares de estos lares, cuya exponente máxima es Cristina Kirchner. Pero que, por esas raras volteretas interpretativas de estos días post video incriminador del macrismo, ahora también incluye al Pata Medina y hasta su colega del SOEME, Marcelo Balcedo, preso en Uruguay y que por estas horas ha hecho declaraciones al respecto.

Si hubo, como aseguran fuentes vinculadas al caso, una decisión del macrismo/vidalismo de terminar con la complicidad entre la política y la supuesta metodología extorsiva del Pata, aplaudida por buena parte de la ciudad de La Plata, todo quedó trivializado, vulgarizado, porque el video de Villegas desnudó los métodos espurios para hacerlo. Y, en definitiva, eso se supo por lo que parece ser una vieja obsesión de Macri por espiar a propios y ajenos. Pero en especial a los propios.

Más allá de la causa por los familiares del ARA San Juan o del otro expediente que se investigó hasta hace una semana, Macri ha sido una máquina de generarse problemas vinculados a los espías. Le pasó como jefe de gobierno porteño con algunas familias de los muertos en el atentado a la AMIA, en este caso por escuchas ilegales. Fue sobreseído apenas asumió como presidente. Antes, en un episodio más vinculados a intereses familiares, se lo sindicó como autor de un esquema de espionaje sobre su hermana Sandra y su entonces cuñado, ambos ya fallecidos. Tampoco le generó grandes incomodidades judiciales.

Ahora, la denuncia en el juzgado federal de Ernesto Kreplak -allí también tramita la causa contra Balcedo en estas tierras-, con la fiscal Ana Russo al frente que ya imputó al ex ministro Villegas, la hizo la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Dijo que el video estaba en una computadora, como olvidado de la gestión anterior. Habría que despedir a esos agentes de inteligencia a los que se les pasa borrar videos tan cruciales y vidriosos, que siempre encuentran cuando son útiles al poder de turno.

Acaso tenga mayor asidero la versión lanzada por el periodista Carlos Pagni, más ligada a aquella decisión judicial que benefició a Macri y que dijo que las tareas de espionajes en la AFI macrista no eran ordenadas por los “jefes” sino realizadas por los cuentapropistas. “Hay espías que están diciendo algo así como: ‘Si a nosotros nos quieren hacer quedar como cuentapropistas, y que no recibimos órdenes de arriba, vamos a empezar a mostrar los videos que tenemos’”, dijo Pagni. Suena verosímil aunque es casi imposible de probar.

Lo dicho: en este tema el muerto se asusta del degollado. Se entiende el juego político y por eso es esperable que el kirchnerismo aproveche semejante mamarracho ilegal del macrismo para pegar y hablar de persecución. Eso, a pesar de que la propia Cristina en su momento quedó muy expuesta por la posesión de cierto material “sensible”. Fue en agosto de 2018, cuando el fallecido juez Claudio Bonadío ordenó un allanamiento en su casa de El Calafate durante la instrucción de la investigación de los Cuadernos de la Corrupción. Allí se encontraron varias carpetas con desgrabaciones de aparentes escuchas ilegales -porque no se registraban pedidos de magistrados para hacerlas- del años 2012 a empresarios de la entonces privada YPF, del banco HSBC, del Citigroup y demás personajes del poder. Eso si, no había espionaje a los propios en esos papeles.