Nación-CABA: la puja sigue pese anticipo de fondos

El Estado nacional le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires la primera cuota por la coparticipación -2.243 millones de pesos correspondientes a enero de 2021 más un proporcional de diciembre- y reiteró la convocatoria al diálogo para alcanzar un acuerdo en un plazo de 30 días, como establece la ley 27.606.

La liberación de los fondos, que se giraron el viernes desde el Tesoro y ya fueron recibidos por la CABA, fue acompañada con el envío al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta de una nueva carta, firmada esta vez por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El titular del Palacio de Hacienda invitó al alcalde porteño a encontrarse en persona “para construir un acuerdo adecuado en el marco de la institucionalidad”, en cuanto a lo que establece la ley 27.606/2020, aprobada en el Congreso a fines de diciembre.

“Sería indispensable que esto (el encuentro con Larreta) ocurra dentro de los próximos 30 días, teniendo en cuenta el plazo que establece la Ley 27.606”, subrayó Guzmán.

Pero desde el entorno del jefe de gobierno porteño aseguraron que no aceptan el convite y que seguirán con su reclamo en la Justicia.

El monto que se transfirió a la administración porteña equivale a la doceava parte (más el proporcional de diciembre) de la transferencia mensual y automática de 24.500 millones de pesos que la ley 27.606 fijó como condición transitoria hasta que entre en vigencia un acuerdo voluntario entre ambas jurisdicciones; un objetivo que, por cierto, hoy se presenta bastante lejano.

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por la seguridad

El conflicto está concentrado en la redimensión de los fondos asignados en el llamado Convenio de Transferencia Progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad de materia no federal (el traspaso definitivo de la Policía de la Ciudad a la órbita porteña), que entró en vigencia en el enero de 2016, al inicio de la gestión de Mauricio Macri.

El gobierno del Frente de Todos asegura que Macri incumplió dos preceptos constitucionales previstos para las transferencias de competencias entre jurisdicciones: que realizó el traspaso por decreto y que los recursos que asignó para ese fin, tal como planteó el ministro del Interior Eduardo De Pedro, representaban “más del doble del costo real para su funcionamiento”.

Por esa razón, a fines de diciembre y por impulso del oficialismo, el Congreso sancionó la ley 27.606.

Dicha norma dispuso que el gasto anual que demande la transferencia de las competencias de seguridad a la CABA deberá “ser acordado de forma bilateral” entre el Estado nacional y el Gobierno porteño en un plazo de 60 días.

De esos dos meses ya pasaron 30 días, y el gobierno porteño sigue negándose a aceptar cualquier convocatoria porque espera el pronunciamiento de la Corte.