Conflicto con Chile: el Gobierno lo acusa de intentar apropiarse de una extensa área que nos pertenece

El Gobierno rechazó ayer un decreto del ejecutivo chileno al considerar que “pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”, según informó la Cancillería en un comunicado.

El decreto chileno fue publicado el jueves último, con fecha del pasado 23 de agosto, en el Diario Oficial de ese país.

“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16’0, lo cual no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, según el documento. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino expuso que “la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina”.

“Plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, según la nota.

El límite de la plataforma continental argentina se encuentra reflejada en la Ley Nacional sobre espacios marítimos promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de 2020, de acuerdo con la Cancillería.

“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)”, agrega.

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“Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, añade.

“Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, concluye el comunicado.

Búsqueda de la equidad

La Comisión de Límites de Plataforma Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM), y está integrado por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa. Se encarga de revisar los datos presentados por los estados sobre la determinación de los límites exteriores de la plataforma limítrofe.

La plataforma continental es la prolongación natural de un territorio nacional que incluye el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial. Hasta las 200 millas de la plataforma abarca lo que se considera como “Zona Económica Exclusiva”, es decir, el área marina que detenta un país en su derecho a explotar para su provecho los recursos naturales vivos o minerales, como la pesca, petróleo u otros.

No es el primer conflicto de esta índole entre las gestiones de Alberto Fernández y Sebastián Piñera. A comienzos de agosto, un error en un decreto de Fernández con directivas militares provocó un fuerte reclamo de Chile, donde se fijaba la llamada “Directiva de Política de Defensa Nacional”.

En dicha normativa se indicaba que el Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces se consideraba como “espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y control conjunto”. Esto obligó al gobierno chileno a enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”. En ese diferendo, el gobierno argentino reconoció que se trató de un yerro propio y que sería enmendado.

En el caso de la disputa por los límites de la plataforma continental, el conflicto ahora oficializado era previsible. Sebastián Piñera ya había anticipado que presentaría el reclamo ante la ONU para incorporar millas de soberanía sobre la plataforma marítima del Mar Austral, para refutar el planteo que hizo el gobierno argentino hizo en 2009.

El 23 de 2020, Chile envió una nota diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicitó que el país “no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector”. En ese marco, el gobierno chileno reconoció no haber emprendido la tarea de delimitación correspondiente que sí formalizó Argentina.