Olavarría: allanamientos y dos detenidos por explotación sexual infantil

Dos allanamientos en Olavarría terminaron con dos ciudadanos detenidos por explotación sexual infantil. La causa, que investiga los delitos y por los que se realizó una presencia policial e investigativa en General Paz al 3000 y otro en Vélez Sarsfield al 2000, data de junio del 2021.

El operativo bautizado como “Luz de Infancia VIII”, buscó desarticular una banda internacional que distribuía material de explotación sexual infantil y que se expande por numerosas naciones del continente americano. 

La UFI n° 22, a cargo de Lucas Moyano y el Juzgado de Garantías n°2, al mando de Carlos Villamarín, fue la que ordenó la detención de los dos acusados de los que no trascendieron datos personales. La decisión se tomó luego de que los expertos publicaran dentro de la causa los resultados de las pericias de las computadoras, discos rígidos y celulares que estaban en poder de la policía desde el primer allanamiento, en 2021.

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Allanamientos en Olavarría por distribución de material sobre explotación sexual infantil

La investigación de este material implicó la presencia de peritos médicos, para determinar la edad de las víctimas y quienes pudieron confirmar la exposición de bebés de hasta tres meses. Además, especialistas en tecnologías. Los detenidos deberán someterse a indagatoria en los próximos días. 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Municipal de Olavarría, de la Estación de Policía de Seguridad, la DDI de Azul y la Sub DDI de Olavarría participaron de la jornada. La causa está caratulada como “facilitación y/o distribución de materiales de menores de 13 años y de 18 dedicados a actividades sexuales explícitas y/o mostrando sus aportes genitales con fines predominantemente sexuales”. 

En base a dos de las computadoras secuestradas se pudo saber que uno de los aparatos contaba con cerca de 1700 “imágenes de alto impacto” y en otro de los aparatos más de 2600 fotografías. Se confirmó también que la distribución de material por parte de los detenidos se compartía por medio de P & P (Peer to Peer) durante cuatro años desde el 2017 hasta el primer allanamiento.