Le apuntan al entramado criminal de la Zona Roja

La Justicia Federal de La Plata procesó a otras 5 mujeres y 3 hombres en la causa por la desaparición y femicidio de Johana Ramallo.

Si bien aún no se conoce la verdad sobre esa trágica muerte, la resolución, del juez Alejo Ramos Padilla, apuntó al entramado de explotación sexual de mujeres y, la venta de drogas en la llamada “Zona Roja” de nuestra ciudad, que se convirtió en una especie de escenario criminal perfecto para que, según entiende el magistrado, “se conformaran las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia y, en particular, la desaparición y posterior muerte de Johana”.

Ramos Padilla, además, impuso la prisión preventiva a cuatro de las acusadas y embargos de hasta 30 millones de pesos.

Con estos procesamientos, cabe destacar, ya son nueve las personas vinculadas a la causa, ya que uno de los presuntos líderes de la organización fue notificado de los cargos con anterioridad.

Desde marzo del año pasado, Ramos Padilla impulsó la investigación para analizar el contexto en que había ocurrido el femicidio de Johana y le dio intervención a distintas áreas especializadas en violencia de género y trata de personas.

Los detenidos abarcan toda la línea de comercialización de estupefacientes, desde quienes proveían cocaína fraccionada para distribuir para la venta, hasta quienes concretaban la venta al menudeo, explicaron las fuentes.

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Se trata, en algunos casos, de las mismas personas que sacaban rédito del trabajo sexual de terceros, tanto a través del cobro de “las paradas” en las esquinas, como también en la figura de lo que se conoce como “8.40”, expresión utilizada para referir a aquellos hombres que se quedan con el dinero del trabajo sexual de una mujer.

“Se pudo identificar a una serie de personas que llevaron a cabo acciones sostenidas en el tiempo que, además de configurar el entramado criminal que fue el principal determinante de esa muerte violenta, constituyen por sí solas graves ilícitos tipificados en el Código Penal”, apuntó el magistrado.

En los allanamientos realizados este año se secuestró alrededor de medio kilo de cocaína fraccionada.

Las imputaciones fueron solicitadas por las fiscalas María Laura Roteta, Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata de Personas, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres.

En paralelo, el juez puso de relieve la extrema vulnerabilidad de las víctimas desde una perspectiva tanto social, como económica, vincular y familiar.

“El ciclo de la explotación sexual y el comercio de drogas se retroalimentaba también a partir de la propia dependencia física y psíquica a las drogas por parte de las trabajadoras sexuales -especialmente cocaína- la que muchas veces era generada, estimulada e intensificada a su ingreso a la Zona Roja, tal el caso de Johana Ramallo”.