Un comunicado difundido por la Prosecretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, a través de la facultad de Periodismo, que controla La Cámpora, exigió ayer la derogación del DNU 267/15 con el que el expresidente Mauricio Macri anuló parcialmente la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como la Ley de Medios), que fue promovida por la entonces presidenta.

A esa normativa se opusieron en su momento las entidades como la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) , entre varias más que entendieron que el proyecto atacaba “al corazón de la democracia”, a la par que lo vieron como un “riesgo” para la existencia de espacios plurales que garanticen la libre circulación de la información. Quienes la rechazaron advirtieron también su “preocupación” ante una la iniciativa destinada “a afectar la viabilidad económica de los medios, desentendiéndose de la sustentabilidad y haciéndolos más vulnerables, y por lo tanto más dependientes de recursos estatales”.

Pero desde los medios de la UNLP (Editorial, TV y Radio Universidad) creen que el DNU que Macri firmó en diciembre de 2015 “impide la diversidad de voces en Argentina, a la vez que favorece la hiperconcentración mediática, la proliferación de noticias falsas y las prácticas de lawfare”. Un día después de la condena contra Cristina Kirchner a 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción, la Universidad hizo propio el discurso de la Vicepresidenta para responsabilizar a los medios por el fallo condenatorio que, sostiene, es hijo de una presunta persecución judicial. Y con ese relato como excusa reclaman ahora “una nueva ley que regule el sistema de medios, que entienda a la comunicación como un derecho y sancione toda práctica nociva para la democracia, como la producción deliberada de noticias falsas y la hiperconcentración mediática”.

Para eso, en la UNLP insisten con la eliminación del DNU de Macri que, a su entender, “brinda un caldo de cultivo peligroso para las prácticas antidemocráticas en los ámbitos mediáticos, políticos y judiciales” como, según dicen, “lo demuestra el fallo que emitió la justicia federal contra la Vicepresidenta”.

Para la UNLP, la culpable no es Cristina, sino los medios privados que se limitan a dar cuenta de los actos de los funcionarios públicos.

Desde todos los medios controlados por el Estado, tanto radiales como televisivos, se difundían comentarios y análisis en favor de dicha ley, como también lo hicieron otros privados, que contaron con previlegiadas inversiones publicitarias del Estado y distinto medios gráficos partidarios del Gobierno, como actualmente C5N y por ejemplo, otros que controlan dirigentes justicialistas como el sindicalista Víctor Santa María.

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La escasa audiencia de la mayoría de ellos, a pesar de los cuantiosos fondos del Estado con que contaban, dictaminó que se buscara limitar a los medios privados y se hicieran intensas campañas contra reconocidos periodistas independientes.

El concepto según el cual los medios estatales no deben estar al servicio de los gobiernos de turno ni de partidos porque son sostenidos por los impuestos, no rige en la Argentina. En otros países no sucede por su independencia e imparcialidad. Como ocurre con la respetada BBC en Inglaterra.