Con apoyo del Gobierno, sectores del oficialismo marcharon contra la Corte

Unos miles de manifestantes y referentes del kirchnerismo duro marcharon en la tarde de ayer contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente al Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, exigieron una reforma del sistema judicial y cambios en el máximo tribunal, en medio de los cruces entre el Gobierno y la oposición de querer instrumentalizar la justicia.

La marcha, apoyada por el gobierno de Alberto Fernández, organismos de derechos humanos y sindicatos, denunció la supuesta parcialidad del Poder Judicial, en beneficio de la oposición y en contra, principalmente, de la vicepresidenta Cristina Kirchner en causas abiertas por corrupción.

Uno de los más duros exponentes contra la Corte fue el juez federal Juan Ramos Padilla, que junto al piquetero Luis D’Elía llamó a marchar ayer bajo consignas como el “fin del lawfare”, “basta de impunidad” y “democratización de la Justicia” hasta llegar a pedir la renuncia de los jueces supremos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“El pueblo necesita una justicia igualitaria. La Corte Suprema debería renunciar, para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos”, reclamó ayer Ramos Padilla y después: “No puede ser que haya delincuentes con toga”, arengando a la militancia que gritaba: “¡Que se vayan! ¡Que se vayan!”.

Entre los que protestaron contra el máximo tribunal de la Argentina estuvieron dirigentes del ámbito sindical, como Pablo y Facundo Moyano, Hugo Yasky y Omar “Caballo Suárez”. También se vio una fuerte presencia de seguidores del extitular de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina, quienes reclamaron por su “libertad” y apuntaron contra el “lawfare” del que dice ser una víctima mientras cumple arresto domiciliario por presunta asociación ilícita y estorsión.

Además dijeron presente Graciana Peñafort (directora de Asuntos Jurídicos del Senado); Lorenzo Pepe (Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón); los dirigentes de La Cámpora, Mariano Recalde (senador nacional) y Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes); y el exvicepresidente Amado Boudou.

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La marcha tuvo el apoyo expreso de funcionarios del Gobierno, como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el de Seguridad, Aníbal Férnandez. Además, Martín Soria, al frente del Ministerio de Justicia, y su segundo, Juan Martín Mena, respaldaron la manifestación a la que también suscribió el colectivo “Justicia Legítima, que encabeza la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Sin embargo, ningún funcionario de primera línea se mostró ayer en la plaza.

Frente al Palacio de Tribunales, los manifestantes reclamaron a los jueces la investigación de denuncias de actos de espionaje estatal a dirigentes políticos y sindicalistas descubiertos recientemente y supuestamente organizados bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Días antes, la coalición opositora Juntos por el Cambio, había calificado la marcha como “golpista”.

“Han tratado de justificar a las causas de corrupción atribuyéndolas a un inexistente y burdo lawfare” o guerra judicial contra Kirchner, sostuvo en un comunicado la principal alianza opositora del país.

La oposición advirtió además que la convocatoria contra la Corte se da en pleno debate por la reforma judicial que impulsa el Presidente, quien horas antes de la marcha apuntó contra el “mal funcionamiento” del máximo tribunal.

Con todo, las modificaciones que pretende el Gobierno, y que el Congreso debe tratar, incluyen la creación de nuevos juzgados para redistribuir las causas y restarle influencia a los 12 juzgados federales que investigan la mayoría de los casos políticamente sensibles, y la puesta en marcha de un Tribunal de Garantías que limite a la Corte Suprema a funciones de control de constitucionalidad.

En Juntos por el Cambio sostienen que se trata de un intento de crear una justicia favorable, especialmente para juzgar a Cristina Kirchner, que tarde o temprano pasará por la máxima instancia judicial.

“¡Que se vayan!”, el reclamo que más sonó y que la oposición calificó como “golpista”