El Estado debe respaldar al sector privado para sacar al país de la pobreza

El informe sobre pobreza en nuestro país realizado por la Universidad Católica Argentina, reflejado por este diario en la edición de ayer, ofrece cifras más que preocupantes y deja a la vista sobre bases estadísticas que la Argentina necesita acciones urgentes, destinadas a revertir los problemas estructurales de una economía que hoy aparece como devastada.

El director del observatorio social de la UCA afirmó que “hay una parte de la sociedad que no logra garantizar su mínima subsistencia” y detalló que “hay 40 por ciento de pobres en la Argentina, más de 16 o 17 millones de habitantes, que no pueden acceder a una vida digna”.

“Esta pobreza no es nueva, son décadas de fracaso”, admitió, al tiempo que añadió que la situación se agrava al existir “uno de cada 10 argentinos en pobreza extrema, e incluso 20 por ciento de la población mal alimentada en forma crónica”. Sostuvo que “es un país rico, tenemos los recursos, tenemos que mejorar las variables macroeconómicas; estamos dejando a un tercio de la sociedad afuera; necesitamos que la sociedad se movilice”, agregó Salvia.

El informe que habla de la creciente, y preocupante, cantidad de argentinos en situación vulnerable fue presentado en un acto realizado en el barrio popular Rodolfo Ricciardelli, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco previo de la colecta anual de Caritas.

“Hay un 60 por ciento de la población que ha sido pobre en algún momento en los últimos años, alrededor del 30 por ciento lo ha sido de manera permanente; mientras que sólo 1 de cada 3 argentinos no conoce la pobreza. Tenemos que dar respuestas estructurales a esto, políticas de desarrollo que atiendan los problemas urgentes de la gente a través de la educación, la salud, el empleo y el trabajo, y también políticas activas que atiendan la pobreza estructural”, dijeron desde el observatorio.

El diagnóstico es demasiado conocido. Caída de las fuentes laborales; los que cuentan con trabajos estables, perciben salarios cada vez más bajos; la inflación condiciona a todos los sectores; los costos laborales y sociales que inciden sobre las empresas, especialmente las pymes, son cada vez más altos; la presión impositiva no deja de subir y sofoca toda iniciativa.

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Es obvio que sin inversiones no podrá haber más empleos ni reactivación. Erradicar la pobreza exige varias condiciones: crecimiento económico, estabilidad de precios, menor peso de los costos públicos y mayor seguridad jurídica.

Nuestro país necesita en forma urgente cuadros normativos que allanen la actividad del sector empresario, facilitando su función de creador de fuentes de trabajo. Desde luego que, como corolario de ello, la Argentina no sólo debe terminar con un largo período de déficit fiscal -con un sector público desordenado y cada vez con mayor voracidad tributaria- sino integrarse nuevamente como competidora idónea en el cada día más competitivo mercado internacional, generador de las mayores riquezas.

Los graves problemas que plantea esta recesión son de una enorme magnitud y acaso el más acuciante sean el del desempleo y el subempleo. Frente a ellos es imperativo que el sector privado recupere su rol productivo y le entregue a la sociedad fuentes laborales genuinas. Este esfuerzo a realizar y la posibilidad de revitalizar la economía –una alternativa cercana, si se advierten los calificados recursos humanos existentes- depende también, en buena medida, de que el Estado acompañe a tantos pequeños y grandes empresarios que, optimizando su gestión, podrán resurgir y darle nuevamente robustez a la vida económica del país.