Avanzan con el proyecto para presentar una nueva ley de discapacidad

El proyecto para una nueva ley de discapacidad, que será presentado en agosto en el Congreso Nacional, está siendo construido “desde la perspectiva de género y la interseccionalidad”, a partir de un paradigma que reconozca los derechos de las personas, simplifique los trámites y de capacitación “obligatoria y sistemática a los tres poderes”, aseguró el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga.

Para eso, desde el 21 de marzo se vienen realizando “consultas federales” a través de audiencias públicas convocadas por Andis en distintos puntos del país, en las que organizaciones y personas aportan su mirada para nutrir el debate hacia el proyecto que reemplazará a la actual Ley Nacional Nº 22.431, jornadas que finalizarán el 15 de junio.

“La forma de construcción de nueva ley será desde la perspectiva de género, con interseccionalidad, donde la discapacidad irá sumada a condiciones, como la mujer, lo sexual, pueblos originarios; y sobre todo desde el modelo social de la discapacidad, que instaura la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (CDPD), dijo Galarraga.

La transformación de un paradigma médico o rehabilitador a otro social “implica dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermas, con un déficit o a quienes hay que curar, además de las miradas que generan estigmatización”, añadió.

La Argentina suscribió la CDPD a través de la Ley Nacional Nº 26.378, sancionada en 2008, la cual “reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano”. Seis años más tarde, en 2014, la Ley Nacional Nº 27.044 otorgó jerarquía constitucional a la CDPD, en línea con lo establecido por la Carta Magna reformada en 1994.

En ese camino, el director de Andis destacó “la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”.

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Mirada retrospectiva y realidad

El proyecto de normativa marco también reconoce “la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.

Las temáticas discutidas que recibieron aportes en las audiencias públicas se trazaron en las áreas de educación, trabajo, salud, protección social, accesibilidad, participación política y vida autónoma e independiente, entre otros ejes.

Entre las modificaciones que incluirá la nueva ley, estarán las “capacitaciones y formación sistemática y obligatoria con perspectiva de género y discapacidad, extensiva al personal de salud, docente y a los tres poderes” que Galarraga calificó como “una especie de Ley Micaela”.

También se contempla el control de su aplicación a través de un mecanismo independiente y se planea crear áreas transversales de la discapacidad para evitar tenerlas en diferentes ministerios, lo que aumenta la burocracia que sufren las familias para acceder a un certificado o a una prestación.