Una contraofensiva política para desafiar a la Justicia

El principio de inocencia siempre ha beneficiado a Cristina Kirchner. Es la Justicia la que debe probar que es culpable de la acusación; no es ella quien debe demostrar que es inocente. Así funciona el sistema judicial. Es lo que ha intentado hacer en las maratónicas sesiones de alegatos el fiscal Diego Luciani (en colaboración con su colega Sergio Mola), a quien cierta corriente de opinión anti oficialista insiste en entronar como un héroe. Luciani sólo hace su trabajo: acusa. Los jueces del Tribunal oral deberán decidir luego si las toneladas -literalmente- de pruebas que presentó son válidas para avanzar con una condena o si no alcanzan y corresponde la absolución.

Pero Cristina nunca ha enfrentado este juicio como un tema judicial, sino como una cuestión política. Ella dice que todo lo que se ventiló en las audiencias es un invento. Una conspiración en la que se juntan el macrismo, el periodismo, una corriente internacional de poder de derecha que no queda muy en claro de dónde viene y sectores de la Justicia local, que buscan perjudicarla por su condición de líder “popular” y, nuevo detalle del relato, quieren que nunca más vuelva a ser candidata. A nada. La “proscripción” es la palabra debutante del glosario kirchnerista.

Lo dicho: si el juicio por la causa Vialidad es una cuestión política, la respuesta será política. Por eso los mensajes de la militancia camporista, desde los más encumbrados representantes hasta el más pinche, de tono amenazante. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”; “Con Cristina no se jode”; “Jueces macristas no jodan con Cristina”, se leyó en redes sociales y en paredes del Conurbano. También, llamados a hacer “puebladas”, a movilizar en las calles, en boca de referentes de la vicepresidenta, para resistir eventuales decisiones judiciales.

Son intentos de remedar un 17 de octubre, pero contemporáneo. Siempre bajo el argumento fanático de que Cristina es una “perseguida” por sus ideas políticas, no por ser una ex funcionaria que está respondiendo por supuestos delitos que habría cometido. Es importante el potencial: la vice no tendrá condena firme hasta la última instancia posible de apelación, que es la Corte Suprema de Justicia, un proceso que llevará muchísimo tiempo y por eso, si ella quiere, podrá ser candidata el año próximo. A lo que sea. Presidenta, senadora nacional, ya se verá. 

Que los legisladores del Frente de Todos hayan sacado un comunicado hablando de persecución a la vice no sorprendió tanto como que el gobierno nacional salga oficialmente a condenar el accionar de otro poder del Estado, en este caso el Judicial, por el alegato de Luciani. “Hoy es un día muy ingrato”, tuiteó el presidente Alberto Fernández, profesor de derecho penal. 

En diciembre de 2019, antes de que empezaran las audiencias orales de este juicio, Cristina hizo un descargo justamente político frente al Tribunal de tres miembros. No respondió preguntas cuando le tocó la indagatoria judicial. “Ustedes van a tener que responder”, le espetó a los jueces. “La historia me absolvió”, recriminó quien por entonces era la flamante número dos de la Nación pero, en verdad, la dueña del poder real. Tenía toda la gestión del cuarto gobierno k por delante.  

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Si alguna vez hubo un plan para apaciguar su situación judicial, no funcionó del todo. Se cayeron algunas causas en las que estaba involucrada, es verdad. Pero quedó Vialidad. Y, para colmo, un dato no menor para Cristina, la gestión de Alberto Fernández desbarrancó en lo económico.

Es cruel la sociedad argentina y, en particular, la clase media: con cualquier gobierno, si la economía va bien la corrupción pasa a ser un tema secundario; se mira para otro lado, no es un ítem que encabece las encuestas. Cuando el bolsillo flaquea, ante una crisis profunda, por ejemplo con una inflación inmanejable y un oficialismo obligado a hacer un ajuste de altas proporciones, una opinión pública golpeada por esas cuestiones tiende a indignarse con cualquier acción sospechada de perjudicar el patrimonio estatal. Que es de todos, claro. 

Cuando Cristina ayer pidió ampliar su indagatoria, sabía que sería denegado por el Tribunal. Y si no lo intuía ella seguro lo tenía en claro su abogado, Carlos Beraldi, que es un profesional muy renombrado y conoce que el artículo 393 del Código Procesal Penal no lo admite. Pero le servirá a la vice para decir, tal vez si hace uso de la palabra después de los alegatos de los defensores, como si le corresponde, que no la dejaron “ejercer su derecho a la legítima defensa”. Ayer mismo tuiteó que estaba “frente a un pelotón de fusilamiento” y que no la dejan hablar. 

El pedido de CFK es porque Luciani introdujo como elemento probatorio unos chat conseguidos en la instrucción de una causa conexa del teléfono del ex subsecretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas, José López (el de los bolsos en el convento), que mostrarían el interés de Cristina para que Lázaro Báez cobre rápido por las obras que le adjudicaron. El fiscal buscó probar en toda su alocución que era imposible que la entonces Presidenta no supiera del mecanismo ilegal que, según sus cálculos, perjudicó al Estado por 5 mil millones de pesos como mínimo.

Pero cualquier respuesta política que haga el  kirchnerismo al pedido de 12 años de prisión para Cristina, no responde preguntas básicas de la acusación. Por ejemplo, por citar unas pocas: ¿cómo explicar, si no es por su ligazón con los Kirchner y los contratos de obras direccionados, el crecimiento de Báez, quien pasó de empleado bancario a hipermillonario?; ¿qué pasó con las 24 obras que le dieron y nunca terminó y porqué, a pesar de esa irregularidad, le siguieron adjudicando?; ¿porqué Báez contrataba los hoteles de la familia presidencial, algo que acaso se investigue si Casación decide reabrir la causa Los Sauces-Hotesur? En este sentido, resta saber cómo encarará su defensa el doctor Beraldi, que debería enfocarse en cuestiones jurídicas.

Tal vez lo más dañino para la vicepresidenta en particular y para el oficialismo en general, sea el efecto amplificador del alegato de la fiscalía respecto a las sospechas del saqueo al fisco. Porque ya no fueron títulos en los diarios que el kirchnerismo considera opositores, como cuando todo se inició. Miles de personas vieron por la web, algunas en vivo, otras en repeticiones, las acusaciones de Luciani y Mola. Salvo en el núcleo de leales de fe casi religiosa, que siempre hablarán de “law fare” aún sin ver ni un alegato, para Cristina es un golpe simbólico: la supuesta corrupción que la salpica dejó de ser una cuestión sólo de la política y pasó a ser un tema de la sociedad.