No deberían existir programas nacionales en las provincias

eleconomista.com.ar

El Ministerio de Economía redujo partidas de los Ministerios de Educación, Salud, Hábitat, Obras Públicas y Transporte, todos ministerios de la Nación. Las partidas reducidas corresponden a programas nacionales de estos ministerios en las provincias y los municipios. Estos programas nacionales tienen por finalidad “ayudar” a las provincias y los municipios en funciones que son locales.

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Por caso, las partidas disminuidas del Ministerio de Educación nacional corresponden a los programas “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, “Infraestructura y equipamiento” y el “Plan Federal Juana Manso” que reparte computadoras en escuelas.

Las partidas disminuidas del Ministerio de Salud nacional son las del programa “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles” que reparte vacunas en las provincias y los municipios.

En el Ministerio de Hábitat se disminuyeron las partidas del programa nacional “Planificación y Desarrollo Territorial” que es uno que aporta fondos al ProCreAr para financiar viviendas en las provincias y los municipios.

En los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes se redujeron transferencias de programas nacionales (con nombres muy largos que ya no vienen al caso) para obras urbanas en provincias y municipios.

Lo primero y natural que sucedió es que se acusa al Ministerio de Economía de la Nación de haber ejecutado un “ajuste” fiscal ortodoxo en perjuicio de la educación, la salud, la vivienda y las obras de infraestructura urbana. Otros acusan de que el “ajuste” fiscal es sobre las provincias y los municipios.

El Ministerio de Economía prefirió guardar silencio. Cuando, en realidad, lo que correspondía hacer es explicar que la Nación no debe hacer estos gastos porque corresponden a funciones provinciales y municipales. Los gobiernos locales ya reciben fondos de la coparticipación y de impuestos propios para financiar y gestionar estas funciones. Si los fondos propios son insuficientes, hay que revisar la coparticipación, pero no usar fondos nacionales para “ayudar” a las provincias y municipios.

En rigor, debería ser la oportunidad para plantear una reorganización estructural del Estado tendiente a eliminar los programas nacionales que se entrometen en funciones provinciales y municipales.

Las razones son de tres órdenes. El primero es que la contribución financiera que los programas nacionales hacen en las provincias es muy marginal. Los programas nacionales del Ministerio de Educación representan apenas 7% y los del Ministerio de Salud 5% de lo que las provincias invierten en educación básica y salud pública. El Ministerio de Hábitat fue creado por este gobierno y nunca llegó siquiera a ejecutar cifras significativas. Los Ministerios de Obras Públicas y de Transporte concentran sus programas nacionales en el Conurbano donde los respectivos ministros tienen sus bases electorales.

En segundo lugar, quienes defienden a los programas nacionales desde una óptica más técnica señalan que son compensatorios de desequilibrios regionales. Nada más alejado de la realidad. Si miraran la ejecución presupuestaria de estos programas, por región, aparece que las provincias del norte -que son las que deberían ser beneficiadas por la compensación- reciben montos que terminan siendo porcentajes respecto a los fondos propios similares a las provincias de más desarrollo. No hay ninguna compensación de asimetrías en la distribución de programas nacionales. Hay pura discrecionalidad y demagogia por parte del funcionario nacional que tiene la lapicera.

En tercer lugar, porque aun cuando sus montos son marginales, los programas nacionales hacen es un enorme daño. La razón es que distraen a los funcionarios provinciales y municipales de la gestión local para peregrinar a los Ministerios nacionales a buscar estas migajas. A cambio de las migajas, muchas veces viene el contra-pedido de algún sometimiento político (votos en el Congreso, apoyo a funcionarios políticos locales afines al funcionario nacional, etcétera). Esto termina diluyendo responsabilidades.

Cuando aparecen los malos resultados (educativos, sanitarios, de vivienda, de infraestructura urbana) los funcionarios nacionales, provinciales y municipales se terminan echando la culpa entre ellos por insuficiencia de las migajas o migajas que no llegaron.

Cuando, en realidad, lo que sucedió es que los funcionarios provinciales y municipales, por estar peregrinando a Buenos Aires buscando las migajas, descuidaron la calidad de la gestión del 90% del gasto en educación, salud, vivienda y urbanismo que se financia con los fondos propios.

Lo que corresponde es que la Nación no se entrometa en funciones provinciales y municipales. La Nación lo que debe hacer es medir los resultados de las provincias y los municipios y darlos a conocer a la ciudadanía. De esta forma, los ciudadanos tendrán información transparente para ejercer presión social sobre sus intendentes y gobernadores para que mejoren la calidad de la gestión de los servicios sociales.