El sistema penal del país en clara desventaja frente al avance del narcotráfico

El dato revelador de que casi el 30 por ciento de los homicidios registrados en el mundo en 2021 se cometió en América latina, convertida en la región más violenta del planeta -con sólo excepciones en países como Ecuador, Nicaragua o Panamá- y que la mayor parte de esas muertes se relacionan con la presencia del narcotráfico, viene a corroborar la dramática incidencia de la venta y consumo de drogas en nuestro continente y el Caribe.

Los datos, detallados en este diario, forman parte de un informe recopilado por la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que demuestra asimismo que ocho de los diez países con las mayores tasas de este tipo de crimen en todo el mundo pertenecen a esta región.

Ese informe señala que Jamaica fue, con 52,13 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el país del mundo con la mayor tasa de homicidios, mientras que Brasil, con 47.722 asesinatos (el 11 por ciento del total mundial), según datos de 2020, fue el que tuvo el mayor número en cifras absolutas. Con ello, en Brasil se registra una media de casi 131 homicidios al día, o cinco cada hora. La mayor proporción de los crímenes está relacionada con la delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico, indicó la ONUDD.

En el caso de El Salvador, el estudio indicó que el Gobierno atribuye la caída de la criminalidad a “las medidas enérgicas contra las bandas y al encarcelamiento de más de 61.300 presuntos miembros de grupos delictivos desde la aplicación del estado de excepción en marzo de 2022”.

En nuestra zona bastaría con recordar que ya en las décadas finales del siglo pasado, tanto los jueces penales como los del fuero de menores coincidían en poner de relieve la muy alta incidencia que tenía la droga en muchos de los delitos investigados por la Justicia.

En lo concerniente a la Argentina se señaló insistentemente que la droga llegó a nuestro país para quedarse, apuntalada ahora por la presencia de peligrosos carteles y de grupos mafiosos en distintas jurisdicciones, empezando por las de Rosario y del Gran Buenos Aires.

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Las preocupaciones existentes hace no muchos años, relacionadas a la incipiente venta de drogas en cercanías de los colegios se vieron minimizadas después, al ser confrontadas con la alarmante presencia de organizaciones de narcotráfico que gravitan en la sociedad, asistidas por respaldos poderosos.

La gravedad del problema obliga a ponderar la decisiva importancia que debe tener el Estado, como investigador y represor principal de las organizaciones del narcotráfico que se ha instalado con creciente fuerza y que cuenta con centrales internacionales de apoyo.

De sobra se conoce que los narcotraficantes exponen, en forma cotidiana, la millonaria y delictiva trama de negocios y vínculos políticos que los respaldan, en un proceso que encontró a los organismos legislativos, de seguridad y judiciales de nuestro país, desde hace tiempo, en clara desventaja frente a esas organizaciones criminales.