El Gobierno revisará con lupa los planes sociales

El Gobierno del presidente Javier Milei tiene previsto llevar a cabo una exhaustiva auditoría de los planes sociales durante el verano. Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se prorrogaría por 90 días el decreto que trasladaba estos planes desde el Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría de Trabajo. El asesor de Niñez y Familia de Capital Humano, Pablo de la Torre, utilizará este tiempo para realizar una auditoría en los más de 1,2 millones de planes a través de las bases de datos de la ANSES.

Simultáneamente, se estudia la descentralización del programa Potenciar Trabajo en diversas áreas de gobierno. El Gobierno analiza la posibilidad de transferir la responsabilidad de estos planes a sectores como Educación o Trabajo, rompiendo con la concentración de dirección que tenían las organizaciones en la administración anterior.

Así, el Potenciar Trabajo, que cobran 1.200.000 personas y consume casi un punto del PBI, dejaría de existir en los términos actuales. En los próximos meses cambiaría de nombre y se atomizaría en al menos tres secretarías de Estado; Niñez y Familia, Trabajo y Educación, todas dependientes del superministerio de Capital Humano que maneja Pettovello.

Esta medida está en sintonía con la confrontación decidida por Milei con dichas agrupaciones, en medio de la tensión por el control del espacio público, la implementación del protocolo anti-piquetes y la decisión del Ejecutivo de cortar los beneficios para aquellos que corten las calles.

Por eso trascendió que la administración nacional avanzará en el verano con una profunda auditoria de los planes sociales.

El proyecto demoraría por lo menos tres meses. Es el tiempo que llevaría completar y procesar una nueva auditoría sobre el universo total de beneficiarios de los cuales el 50 por ciento vive en el AMBA y el restante se reparte en 22 provincias. “Con los planes sociales nadie salió de la pobreza”, diagnostican en el flamante gabinete de Javier Milei.

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Todas estas decisiones generan tensiones con las organizaciones sociales y forman parte de las medidas de ajuste, según la Casa Rosada. La situación se agrava ante la existencia de al menos otro millón de personas fuera del sistema que deberían tener acceso a estos beneficios sociales.

El Gobierno pretende licuar la intermediación de las organizaciones sociales que controlan miles de cooperativas que funcionan como unidades de gestión donde los beneficiarios prestan sus contraprestaciones para cobrar el beneficio. Suspendió los controles de asistencia de los movimientos sobre las mismas y potenció la ayuda estatal directa con el aumento del 50% de la tarjeta Alimentar y el 100% de la AUH.

En el Ejecutivo calculan que el 80 por ciento de los planes hoy son controlados por los movimientos sociales, con el Evita a la cabeza. Según sus cálculos, el 20 por ciento está en manos de provincias y municipios. En el Gabinete no descartan transferir la administración de los programas a los gobernadores e intendentes que las reclaman y recelan históricamente del poder territorial y los recursos de las organizaciones sociales.