El gasto militar y las sanciones ponen en jaque las finanzas rusas

El costo de un año de campaña militar en Ucrania y el impacto de las sanciones occidentales, en particular contra su sector petrolero, han socavado las cuentas públicas de Rusia a un nivel que no se observaba desde hace más de un cuarto de siglo. Pese a ello, la economía del país resiste gracias a sus aún ingentes reservas.

En enero el gasto aumentó en el 59 por ciento, mientras que los ingresos a la arcas fiscales cayeron en un 35 por ciento en comparación con el mismo mes de 2022, generando un déficit presupuestario de 1,76 billones de rublos (unos 24.000 millones de dólares), que supone más de la mitad del previsto para todo 2023.

Para cualquier gobierno estos números supondrían un serio dolor de cabeza, pero el ruso cuenta, además de con la política tributaria, con otro importante instrumento para parchear el presupuesto: el Fondo de Bienestar Nacional (FBN).

Se trata de una reserva que para el 1 de enero acumulaba 10,8 billones de rublos (cerca 155.300 millones dólares), o el 7,8 por ciento del PIB esperado para este año.

El Banco Central de Rusia (BCR) ha quitado hierro a los guarismos de enero atribuyéndolos a “factores externos puntuales” y pronostica que el desequilibrio se suavizará en el curso de los próximos meses.

El titular de Finanzas, Antón Siluánov, de hecho mantiene para este año el déficit en el 2 %, tal y como está previsto en el Presupuesto General del Estado para 2023.

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Para conseguir este objetivo, el Gobierno, entre otras medidas, ha pedido a las grandes empresas, exceptuando a las de sector del gas y el petróleo -ya gravadas con tributos especiales- una aportación adicional a las arcas de unos 300.000 millones de rublos (unos 4.000 millones de dólares).

El éxodo de numerosas grandes empresas y marcas occidentales del mercado ruso, que se manifiesta en tiendas cerradas en los centros comerciales, ha sido para el común de los ciudadanos una demostración del rechazo causado por la campaña militar en Ucrania.

La economía rusa solo este año comenzará el sentir el impacto del golpe más duro para sus finanzas: el veto de los países del G7, la Unión Europea y Australia a las importaciones de petróleo ruso Urals y la imposición de un precio tope de 60 dólares por barril para su venta por vía marítima, que entró en vigor en diciembre.

Las autoridades rusas esperan que este año los sectores del gas y el petróleo aporten al presupuesto federal 8 billones de rublos o unos 117.000 millones de dólares, que constituyen el 30 % de la partida de ingresos, todo esto calculado a un precio promedio anual de 70 dólares por barril de crudo.