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Sobrevivientes, familiares de víctimas, funcionarios y numerosas personas participaron de un acto para recordar el ataque
Un pasaje del acto por el aniversario del atentado / telam
La sociedad argentina permanece firme ante los pedidos de justicia y esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, de cuyo ataque terrorista, aún impune, se cumplieron ayer 31 años.
Con la zona vallada y fuerte custodia policial, numerosas personas -entre los que se encontraban familiares de víctimas y sobrevivientes- se llevó a cabo un minuto de silencio, que a las 14.45 fue acompañado por una sirena para recordar el momento exacto de la explosión.
La ceremonia se celebró en el sitio de la tragedia, donde actualmente se encuentra una plaza seca con dos hileras de tilos y una placa conmemorativa como símbolo de cada uno de los fallecidos el 17 de marzo de 1992.
Aquel día, una camioneta cargada de explosivos se estrelló contra el frente donde estaba ubicada la sede diplomática israelí; segundos después, una detonación destruyó la mitad del edificio, acabó con la vida de 29 personas y dejó más de 200 heridos en las calles del barrio de Retiro.
“La responsabilidad del mortífero atentado recae en el gobierno de los ayatolás en Irán y sus metástasis terroristas. Irán continúa siendo un estado terrorista que financia y dirige ataques terroristas en todo el mundo”, afirmó el canciller israelí, Eli Cohen, en un comunicado oficial.
En Argentina, la investigación correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que atribuyó el hecho al grupo terrorista Hezbolá. Desde 2015 continúa vigente una circular roja de Interpol para la captura internacional del ciudadano libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, de 63 años.
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Suleiman, considerado por el máximo tribunal como un agente operativo de la organización e integrante de la Yihad islámica, se cree que ingresó al país a principios de 1992 con el material explosivo que fue usado en el atentado.
Además, existe una orden de captura para Samuel Salman El Reda, de origen libanés y de 57 años, acusado de tener vínculos con la facción terrorista y actividades comerciales en la zona de la ‘Triple Frontera’, entre Argentina, Paraguay y Brasil. Hasta el momento, la causa judicial no tiene condenados o detenidos.
La comunidad judía local también acusa a este grupo del ataque que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas, al volar el edificio de la mutualista hebrea AMIA en Buenos Aires, considerado el mayor atentado terrorista de Argentina.
“No podemos aceptar como sociedad que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA sigan impunes, que sigamos reclamando para que los responsables cumplan condenas por los delitos de lesa humanidad que cometieron”, remarcó el presidente de AMIA, Amos Linetzky, en un comunicado.
En este caso, la investigación estuvo plagada de irregularidades desde su origen, con acusaciones de encubrimiento contra altas autoridades, como los expresidentes Carlos Menem -absuelto dos años antes de fallecer, en 2019- y Cristina Kirchner, sobreseída de esa imputación en 2021.
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