España busca una solución para poder pagarle a sus adultos mayores la jubilación

España está apostando por una reforma previsional que incluye una polémica solución para años de costosas promesas a los jubilados: hacer que los jóvenes paguen más.

Mientras Francia rechaza los planes de elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, España lleva décadas con un umbral de 65 años, lo que le ha llevado a buscar otras formas de apuntalar el sistema de pensiones que sea al mismo tiempo justo con los jóvenes y los mayores.

Tras derogar las reformas de 2013 que se habían vuelto políticamente intolerables por recortar las prestaciones de los jubilados de hoy, el Ejecutivo liderado por los socialistas pedirá en el Congreso la aprobación de un decreto ley que exige más a las generaciones más jóvenes.

José Luis Escrivá, ministro español de Pensiones, ha declarado que las medidas se alejan del “paradigma tradicional de la reforma de las pensiones”, y ha calificado de anticuado el planteamiento francés de retrasar la edad de jubilación.

España, que ha adoptado medidas que Francia no ha tenido en cuenta, aportará más fondos a las pensiones, procedentes de empresas y trabajadores -especialmente los mejor remunerados- y los utilizará para reducir injusticias como el impacto punitivo a las mujeres que han dejado de trabajar para cuidar de sus hijos y no han cotizado.

“Hemos creado medidas que generen ingresos que reforzarán el sistema para poder financiar aumentos del gasto”, declaró Escrivá a Financial Times.

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Pero hay cierta polémica sobre una fuente de ingresos denominada ‘mecanismo de equidad intergeneracional’. Aunque su nombre alude a una redistribución de los mayores a los jóvenes, en realidad implica que las personas en edad de trabajar tendrán que aportar más al sistema de seguridad social.

“La mayoría de los expertos piensan que el nombre de esta alternativa es perverso. Es justo lo contrario”, afirma Rafael Doménech, economista del BBVA que asesoró en las reformas derogadas de 2013, aprobadas por un gobierno conservador del Partido Popular (PP).

Escrivá rechaza las críticas. Pero los esfuerzos de España ponen de manifiesto los dilemas imposibles a los que se enfrentan muchos países europeos: cómo equilibrar unas pensiones dignas para los jubilados actuales, la justicia intergeneracional para los jóvenes y la sostenibilidad financiera.

Alcanzar dos de estos objetivos suele ser posible, pero garantizar los tres es difícil. Algunas características de España hacen que su desafío sea aún más difícil, empezando por la urgencia de reducir su deuda pública, que asciende al 116% del PBI.

Otra es que el país no ha fomentado un mercado competitivo para las pensiones privadas del tipo 401k, como en Estados Unidos. Esto significa que la dependencia de los ancianos de las pensiones estatales -en las que los trabajadores en activo financian las prestaciones de los jubilados actuales - es mayor que en otros lugares.

En parte por este motivo, las prestaciones de los jubilados actuales son generosas en comparación con otros países. La cuantía de sus pensiones equivale al 80% de los ingresos netos anteriores a la jubilación, por delante del 74% de Francia y del promedio de 62% de los países de la OCDE.

La Comisión Europea está presionando a España para que actúe. Ha hecho que uno de los requisitos para que el país reciba miles de millones de euros de los fondos de recuperación de la Unión Europea sea un sistema de pensiones más equitativo. Aunque la Comisión “valoró positivamente” los cambios introducidos por España en el sistema de pensiones, todavía no ha estudiado las últimas reformas.

La semana pasada, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, emitió su dictamen. Según este, las reformas no se amortizarían y aumentarían el déficit presupuestario de España en 1,1 puntos porcentuales del PBI en 2050.

La presión demográfica es uno de los grandes problemas. Hoy en España hay tres personas en edad de trabajar por cada pensionista; en 2050 esa relación de dependencia será de sólo 1,7 a uno. La fuerte caída se explica por la esperanza de vida española de 83 años -una de las más altas del mundo- y por el hecho de que el baby boom llegó tarde.

Aunque la guerra civil terminó en 1939, España no experimentó la ola de natalidad que en otros países se registró al final de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años de la dictadura militar de Francisco Franco estuvieron marcados por el hambre, la represión y el aislamiento internacional. La tasa de natalidad no aumentó hasta que la economía empezó a despegar a finales de los años cincuenta. Los primeros españoles nacidos en el baby boom están empezando a jubilarse ahora.

En una carta dirigida a los jubilados el año pasado, Escrivá aseguró que “con independencia de las circunstancias, debéis estar seguros de que el poder adquisitivo de vuestra pensión está siempre garantizado”.

Sus sentimientos reflejaban un consenso sobre las reformas de 2013 en la izquierda. Con el fin de limitar los costos, habían introducido mecanismos que limitarían las contribuciones mensuales de las pensiones cuando el sistema fuera deficitario y reducirían las prestaciones a medida que aumentara la esperanza media de vida.

Estas reformas debían entrar en vigor en 2019, pero nunca lo hicieron. En cuanto se intentó recortar las pensiones reales de 10 millones de votantes, las reformas se volvieron inaceptables para el Gobierno liderado por los socialistas. El Parlamento votó a favor de suprimirlas en 2021, aunque el PP se opuso a la decisión.

De este modo, las pensiones españolas quedaron vinculadas a la inflación. Como resultado, subieron un 8,5% en enero, un resultado mejor que el aumento medio de aproximadamente el 3% para los trabajadores asalariados. La paga promedio es ahora de 1166 euros al mes y la máxima de 4495 euros. “No se trata de ser generosos, sino de que los pensionistas tengan una vida digna”, sostiene Fernando Luján, del sindicato UGT, que apoya las últimas reformas.

En contra está la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Se queja no sólo de que los empresarios tengan que cotizar más a la Seguridad Social, una de las principales preocupaciones de Macron en Francia. Los empresarios también destacan el trato injusto para los jóvenes, que ya son las principales víctimas del elevado desempleo, los bajos salarios y los trabajos precarios.

Al margen de las críticas sobre las cotizaciones, Escrivá argumentó que las reformas promueven la equidad porque “en términos relativos las pensiones de los jóvenes mejorarán más que las de los mayores”. El Gobierno calcula que las reformas añadirían 5300 euros a la pensión de alguien que hoy tiene 60 años, pero darían a una persona de 25 años 20.000 euros más.

Mientras las prestaciones de los jubilados actuales sean intocables, puede ser el mejor trato que los jóvenes puedan conseguir.