Llamado de atención por deudas en discapacidad

Promover nuevas leyes, mejorar el acceso al Certificado Único de Discapacidad, garantizar la participación de las organizaciones en la planificación y seguimiento de políticas públicas e implementar mecanismos de apoyo que garanticen la autonomía, son sólo algunas de las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) realizó al Estado argentino para mejorar la calidad de vida de esta población.

Las recomendaciones fueron emitidas recientemente tras la evaluación periódica que el Comité realiza sobre cómo el país implementa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en base a dos informes: el del Estado nacional y el alternativo elaborado por 26 organizaciones de personas con discapacidad, organismos de derechos humanos y universidades nacionales.

“Uno de los aspectos que marcamos en el informe alternativo es la necesidad de una nueva Ley de Discapacidad, que en la Argentina data del año 1981, que debe ser adecuada al modelo social de la discapacidad, que es el que establece la Convención”, contó Gabriela Troiano, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la organización que coordinó el informe.

Y continuó: “Esto significa que las dificultades que encuentran las personas con discapacidad para desenvolverse en la vida cotidiana son las barreras que la sociedad le impone, tanto físicas como estructurales, actitudinales y comunicacionales que hacen que las personas con discapacidad no accedan a los derechos de la misma manera que el resto de la sociedad”.

En efecto, la primera recomendación que realizó el Comité de la ONU es que la Argentina debe “armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley alineada con el modelo de derechos humanos, así como la reforma de la normativa sobre prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad y el sistema de certificación de la discapacidad”.

Troiano señaló que “uno de los aspectos centrales es que toda política pública debe ser consultada con las organizaciones de personas con discapacidad, y en este sentido observamos una carencia bastante importante. Por ejemplo, las personas con discapacidad no fuimos tenidas en cuenta en el Censo Nacional, sólo se preguntó en qué hogares había, pero no se relevó interseccionalmente”.

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Con respecto a las barreras físicas, Troiano destacó que “salvo en la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del conurbano, en el resto del país es raro encontrar colectivos con pisos bajos que permitan subir a personas usuarias de sillas de ruedas”.

Otro tema clave es que de 6.5 millones de personas con discapacidad que viven en el país, sólo 1.5 tienen el Certificado Único de Discapacidad, -que es lo que permite el acceso a tratamientos, educación, rehabilitaciones, etc- como consecuencia de “la poca cantidad de juntas evaluadoras y baja capacitación en el modelo social que llevan a pedir estudios que no son necesarios.