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La acción es por una serie de tweets que el Presidente publicó tras un fallo vinculado al atentado contra Cristina Kirchner
El camarista federal Leopoldo Bruglia demandó por 40 millones de pesos al presidente Alberto Fernández por haberlo descalificado en redes sociales tras haber sido trasladado por decreto de un tribunal a otro durante el gobierno de Mauricio Macri.
La demanda, que recayó en el Juzgado Civil Nº79, exige también una retractación pública por las expresiones del jefe de Estado que, según el camarista, le causaron “daños y perjuicios”.
Bruglia pidió además un peritaje psiquiátrico sobre el mandatario y propuso como testigos al ex secretario de la Corte Suprema Christian Abritta, la ex diputada Elisa Carrió, los abogados Mauricio Longin D’Alessandro y Daniel Sabsay y el diputado y ex consejero de la Magistratura Pablo Tonelli.
“Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación. No se lo puedo permitir”, exclamó Bruglia.
La demanda fue presentada esta mañana, apenas abrió la actividad judicial en los Tribunales, y quedó registrada con el número 33424/2023, con intervención de la jueza María Pilar Rebaudi Basavilbaso. Sin embargo, antes de comenzar la tramitación del proceso, Bruglia (asistido por los abogados Estela Pastorini y Juan Manuel Blanco) recusó “sin causa” a la magistrada.
Bruglia inició la demanda por una serie de tweets que Alberto Fernández publicó el 2 de noviembre de 2022, después de que la Sala de la Cámara Federal que integra dejara en libertad a cuatro integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal y concluyera que sus actividades no tenían vinculación con el intento de homicidio contra Cristina Kirchner.
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Alberto Fernández opinó en esos posteos que Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”, basado sobre un fallo de la Corte Suprema que, si bien reconoció que los traslados por decreto no debieron haberse producido, avaló la continuidad de ambos hasta que fueran designados sus reemplazantes. Para iniciar la demanda, Bruglia debió pagar una tasa de justicia de 1,2 millones de pesos.
Bruglia cuestionó la “su seguidilla irrefrenable de tweets, al instante mismo de tomar estado público el fallo pronunciado en la causa penal de referencia”. “Fallé conforme legalmente corresponde y con los debidos fundamentos respetando el profesionalismo que me esfuerzo en practicar en los ya treinta años que llevo de trayectoria en el cargo de juez de Cámara”, insistió.
El magistrado incluyó en el escrito de inicio de la demanda, de 45 páginas, un párrafo en el que destacó: “haré una reserva final, como prueba subsidiaria, y a resultas de la contestación a los hechos que presento en esta acción, de pedir una pericial de especialidad, vinculada con aspectos de la personalidad del demandado, exclusivamente en cuanto a su percepción de criterios de realidad”.
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