Un 32% de los inquilinos destina más del 50% de su sueldo para alquilar

En la Argentina, uno de cada tres hogares no tiene una vivienda adecuada, lo que se traduce en más de cuatro millones con déficit habitacional. Así lo indicó un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), realizado en conjunto con referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

De acuerdo al relevamiento, el 32% de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destina más de la mitad de su salario a pagar el alquiler, mientras que el 60% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley de alquileres.

Parte del informe se centró, a su vez, en la crisis desatada en el mercado inmobiliario para inquilinos y propietarios a tres años de la sanción de la ley de alquileres.

De acuerdo con el reporte, el 20,7% de los hogares alquilan la vivienda que, bajo las condiciones de la nueva ley, sufren dificultades para pagar.

Según el mismo informe, más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda y entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional ( de acuerdo a datos suministrados por el INDEC, 2022).

Entre las causas que ponen al descubierto la crisis habitacional que azota al país se destacan la falta de acceso al agua potable, cloacas, gas o luz, viviendas precarias y situaciones de vulnerabilidad extrema e incertidumbre para los inquilinos, entre otras.

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El estudio señala como causa principal del problema la falta de coordinación entre la política de planificación y la posibilidad de acceso a las viviendas, situación que quedó en evidencia con el aumento de barrios populares –en la actualidad existen 5.687 en el país– donde las condiciones de vida son más precarias y las personas se encuentran expuestas a innumerables factores de riesgo. Más de cinco millones de personas viven en los barrios informales.

Del análisis de los datos se desprende que el 66% no tiene acceso a la luz; 90%, al agua potable; 97%, a la red cloacal, y 99%, al gas. Las cifras surgen del último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) realizado en 2022.

Asimismo, el relevamiento destaca que los hogares en peores condiciones representan el 32% de la totalidad del país y viven en condiciones deficitarias: 1,3 millones de ellos lo hacen en viviendas compartidas, es decir que se superponen dos o más hogares por vivienda, y 2,6 millones residen en viviendas que requieren ampliación y mejoras por falta de accesos a los servicios esenciales.

En una presentación a la prensa, representantes de dichas organizaciones civiles señalaron que el acceso a una vivienda digna continúa siendo un problema en el país. Si bien destacaron avances significativos en programas estatales como Mi Pieza o Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), tanto Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como Maria Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec y María Lucía Groos, Directora del Centro de Investigación e Innovación de Techo, coincidieron en que todavía la población de ve afectada por la carencia de este derecho básico.

En línea con lo anterior, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Barrios Populares se estima que 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional, y que más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como la luz, el agua corriente y las cloacas ni cuenta con títulos de propiedad del suelo.

Los hogares en peores condiciones representan el 32% de la totalidad del territorio argentino

Luego del diagnóstico, los referentes desarrollaron una serie de recomendaciones de política pública, que consideran pueden aportar una solución al conflicto, a dos semanas de las PASO.

Entre las propuestas, se destacan la sanción de normativa de ordenamiento territorial, el mejoramiento integral de viviendas, la implementación de un programa nacional de alquiler asequible, la sostenibilidad de los procesos de integración socio urbana en barrios populares y la promoción de soluciones habitacionales temporales en contextos de emergencia.

Proponen promover la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre ordenamiento territorial; elaborar manuales de legislación modelo y fortalecer la capacitación y la asistencia técnica y financiera a provincias y municipios para que elaboren sus planes de ordenamiento territorial; e incorporar mecanismos de participación ciudadana en este proceso.

Sugieren avanzar en una política integral de mejoramiento de viviendas que articule los mejoramientos con obras de infraestructura y de integración socio urbana.