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La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en una sesión especial el proyecto de Ficha Limpia que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción, ser candidatos a cargos electivos nacionales. La sesión fue impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR que la pidieron el martes pasado, un día antes que se conociera la sentencia de la Cámara Federal de Casación que ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado, con lo cual si eso sucede la exmandataria no podría ser candidata en 2025.
En la actualidad, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.
De todos modos, para poder alcanzar los 129 votos positivos deberán encarar negociaciones Encuentro Federal, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Hasta ahora, no tienen esa mayoría por lo cual es posible que deban hacer cambios para asegurar los votos para aprobar el proyecto.
Democracia para Siempre, que preside el radical platense Pablo Juliano, respalda el despacho de minoría de Fernando Carbajal que amplia la cantidad de delitos por los cuales un ciudadano no puede ser candidato y no lo limita solo a la sentencia por corrupción.
En ese sentido, establece que tampoco podrán ser postulantes a un cargo electivo los ciudadanos por delitos con penas superiores de tres años, aunque no tuvieran la segunda instancia.
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Hasta ahora, tienen asegurado los 39 votos de LLA, 3 del MID, dos de Producción y Trabajo, 1 de Creo, 37 del PRO, 21 de la UCR y 6 de la Coalición Cívica, con lo cual reúnen 109 sufragios.
Por eso, es clave que puedan asistir 14 de los 16 de Encuentro Federal y 12 de Democracia para Siempre para poder tener los votos para aprobar esa iniciativa.
La sesión especial fue impulsada por el presidente del PRO, Cristian Ritondo, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y de la UCR, Rodrigo De Loredo.
Esa iniciativa que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
El pedido de una limitación para ser candidatos a aquellas personas con sentencia de segunda instancia se empezó a discutir en 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces legislador y ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido.
A partir de ahí, fueron varios intentos para avanzar en el proyecto de Ficha Limpia, pero recién ahora parece haber vocación para intentar aprobar esa iniciativa en el Congreso.
Además, la bancada macrista también pidió debatir los proyectos de ley de reforma del Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia.
El proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que, si se está procesado y se comete un nuevo delito, “vas preso”, ya que se cambia el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.
El proyecto modifica el artículo 17 del Código Procesal y, en ese sentido, establece que “las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”. A lo largo del dictamen, se fija si permite sumar condenas de varios tribunales, hasta llegar a un máximo de 50 años de prisión.
Además, se incluyó el proyecto para habilitar el voto en el exterior del país a través del correo, que se había establecido por decreto en el Gobierno de Mauricio Macri, pero luego fue suspendido en la gestión de Alberto Fernández. En esa ocasión, se permitió a las personas que viven en el exterior y hayan realizado el cambio de domicilio en su DNI, a emitir su voto.
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