Piden la baja de una pensión a quienes no viven en el país

El fiscal Guillermo Marijuán le solicitó a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de 2.954 beneficiarios que cobran a través de la ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), porque incumplen con la normativa de mantener residencia en el país. Es decir, se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años “vulnerables” y regresaron a su país de origen, según los registros de la Dirección de Migraciones. A valores actuales, el perjuicio mensual para las arcas del Estado es de $449.341.802 millones, que anualizado trepa a $5.392.101.624.

Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuán están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.

La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor -PUAM- y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, fue dictada en mayo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.