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AFP
JORGE REMÓN
La abrupta caída del precio de las acciones de la mayoría de las empresas argentinas y de los bonos del Estado en la bolsa de Nueva York que se registró el viernes pasado fue motivo de diversos análisis, que concluyeron en explicaciones contradictorias. Para algunos inversores de Wall Street se trató simplemente de una prudente toma de ganancias, porque esos papeles aumentaron su valor en un porcentaje muy elevado desde la asunción de Javier Milei y es habitual que ante valorizaciones tan importantes algunos precios se incrementen sin reparar en los dividendos que se pueden obtener de esas compañías; entonces se realizan las ventas y los fondos de inversión se toman un tiempo para verificar que ese optimismo tenga bases solidas. Otro tanto ocurre con los bonos del Estado, que mejoraron su cotización en porcentajes muy elevados.
Sin embargo esos precios pueden volver a elevarse a partir del logro del SWAP chino, de los ochocientos millones de dólares del Fondo Monetario y del anuncio del grupo Pampa Energía de una inversión de setecientos millones de dólares después de la aprobación del RIGI.
Sin embargo, otras opiniones de expertos dejaron planteadas dudas a raíz de la situación política; sin dejar de reconocer la riqueza en recursos naturales de la Argentina subrayan que el Gobierno no ha logrado la aprobación, si quiera, de una ley, después de más de seis meses de haber asumido, y que el proyecto que finalmente se esta discutiendo ha sufrido tantos cambios en cuestiones fundamentales que ya no tiene la trascendencia que se le adjudicó en un principio.
Ello genera interrogantes sobre las posibilidades de los libertarios de llevar a cabo los profundos cambios estructurales que requiere la situación Argentina.
La cerrada oposición del kirchnerismo y la por ahora silenciosa de la CGT ya de por sí creaban dudas sobre la continuidad de la política económica, que en cuatro años puede sufrir cambios sustanciales. A ello se suma que en los últimos días se manifestó con crudeza la discrepancia de sacerdotes y dignatarios de la Iglesia Católica, que es la profesada por la mayoría de los argentinos.
El Papa mismo protagonizó gestos fácilmente interpretables como de oposición al Gobierno, mientras que en Buenos Aires se politizaron al menos dos misas en las cuales los feligreses unieron sus voces para cantar una frase que el peronismo y la izquierda repiten una y otra vez.
El proyecto de la Ley de Bases, después de meses de negociaciones y de que el oficialismo aceptara modificaciones importantes, sería aprobado y a pesar de todo podría contribuir a crear la imagen de que el oficialismo podrá llevar a cabo al menos alguna de las reformas propuestas.
Es posible que se reponga el Impuesto a las Ganancias, se modifique el de Bienes Personales y puedan llevarse a cabo algunas privatizaciones. El oficialismo cree contar con los votos de los pocos legisladores propios, de casi todos los radicales, a pesar de la oposición en contrario del presidente del Comité Nacional Martín Lousteau, de la Coalición Cívica y parcialmente del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, que junto con el senador Juan Carlos Romero decidieron ignorar las agresiones verbales del presidente de la República para posibilitar la aprobación de las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Esa actitud fue compartida por el radicalismo, que insistió en las privatizaciones y en realizar una reforma más profunda de la legislación laboral. A esa sumatoria quizás se agreguen legisladores peronistas acicateados por las necesidades económicas de sus provincias para las que, por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias significaría volver a recibir los fondos de la coparticipación de esa gabela que les corresponde por ley y también porque el RIGI significaría inversiones en minería, provincias que formaron un bloque denominado “del cobre” del que participan cinco gobiernos.
También debe tenerse en cuenta a aquellos en cuyas provincias Milei arrasó electoralmente y sigue manteniendo un apoyo popular mayoritario, lo que les exige a los legisladores evitar ser incluidos en “la casta que no me deja gobernar”.
La amenaza de blandir esa acusación se le hizo a más de un mandatario y seguramente influyó sobre el ánimo de alguno, pero fue en vano en relación a algunos temas como es el caso de la privatización de Aerolíneas Argentinas, que tiene un déficit de más de un millón y medio de dólares por día, en beneficio de la minoría que viaja subsidiada por todos los argentinos, aun los que nunca se subieron a un avión.
Lo curioso es que el transporte del futuro en las grandes concentraciones urbanas y en el traslado de cargas a distancia es el ferrocarril, que requiere cuantiosas inversiones que no pueden ser postergadas en beneficio de los viajeros a Europa, Estados Unidos o cualquier país extranjero. Tampoco en la construcción de autopistas. La prioridad absoluta son los ferrocarriles, pero de esto ni siquiera se ha hablado.
El Gobierno, al delegar formalmente en Guillermo Francos las negociaciones con los legisladores, dio un paso fundamental por su experiencia política y el conocimiento personal de los líderes de los distintos bloques. La cuestión es si en el futuro los libertarios mantendrán esa actitud de apertura o si Milei seguirá casi insultando a los que piensan distinto siquiera en un matiz y evitando convocar expertos que tanto necesita si no le son incondicionales.
El apresurado lanzamiento de la candidatura de José Luis Espert a la gobernación de Buenos Aires fue una demostración de que sigue creyendo que no necesita acordar con ninguna fuerza política, ni siquiera en esa provincia en la que se elegirán dentro de dos años, nada menos que cincuenta diputados nacionales o sea, la misma cantidad de los que serán designados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán sumados.
Resulta inexplicable que ante la posibilidad de iniciar cualquier negociación para formalizar una alianza tácitamente la condición inicial sea que él será quien elija y decida todas las candidaturas. La impericia también se manifiesta en lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, que ya en el intento de formalizar la existencia del partido libertario se ha desatado un enfrentamiento durísimo que se asemeja a las peores prácticas de los partidos tradicionales.
Hay interrogantes sobre las chances libertarias de llevar a cabo cambios estructurales
El convencimiento de que el jefe debe tener todas las botoneras de todos los ministerios o dependencias estratégicas, y que a lo sumo puede delegar algún aspecto en personas que tengan el “sí” para toda propuesta del Presidente, ha determinado que no pueda ni siquiera designar técnicos y especialistas en muchas de las áreas clave. De esa manera es imposible conducir la gigantesca burocracia del Estado y así se lo están señalando organizaciones empresarias y políticas que le desean el mayor de los éxitos.
La ineficacia de la administración libertaria está siendo puntualizada cada vez por un mayor número de personas que insisten en que Milei parece preferir la continuidad de funcionarios del gobierno peronista anterior en áreas clave. Según los críticos eso contribuye al desorden y hasta la concreción de actos que parecen de sabotaje.
Todo lo ocurrido alrededor de los errores en la distribución de algunos alimentos demostró la impericia para manejar un asunto muy menor desde el punto de vista logístico, pero además el mal manejo político cuando estalló el escandalete llegó a provocar el absurdo de que la corrupción que reinó durante al menos cuatro años en la distribución de dinero y alimentos a través de las organizaciones sociales quedara en un segundo plano.
Es inexplicable que el gobierno no haya podido organizar un sistema de asistencia directa para los necesitados. En 1932, sin computadora, Franklin Delano Roosevelt comenzó a hacerlo en Estados Unidos y con programas como el Plan Trabajar se construyeron importantísimas obras públicas, pero los trabajadores recibían del Estado directamente sus emolumentos. Hace falta unificar los planes y llegar directamente a cada persona, y para ello se requieren técnicos y administraciones eficaces de las que el Gobierno carece.
Después de seis meses no se conoce ningún plan de transformación de la estructura burocrática del Estado Federal. Solamente se ha reducido mínimamente la cantidad de empleados, pero nada ha cambiado. Desde un principio se decía que Sturzenegger estaría a cargo de hacer frente a ese problema, pero hasta el presente no se lo ha designado y esa cuestión de singular importancia no ha merecido la adopción de un programa de trabajo y es un gravísimo problema que debe ser enfrentado y resuelto en forma inmediata.
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