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Más allá de las polémicas que puedan suscitarse y que ya se iniciaron con la objeción formulada por un legislador nacional que pidió la previa intervención del Congreso para analizar y sancionar esa medida, la decisión del Gobierno de aplicar la Inteligencia Artificial en el área de seguridad no sólo parece necesaria sino, inclusive, tardía frente al enorme despliegue ya alcanzado por una ola delictiva favorecida por el uso de las redes sociales.
Tal como se informó ayer en este diario, la incorporación de la Inteligencia en el área de Seguridad impulsa la existencia de esa alternativa, para monitorear el delito en las redes sociales, en sus aplicaciones y diversos sitios de internet. Recientemente se había conocido un asalto conjunto, perpetrado por dos bandas, en un barrio cerrado del norte del Conurbano bonaerenses, que había sido virtualmente compaginado a través de internet sin que ningún organismo de seguridad se hubiera percatado.
La información oficial señaló que se creó ese organismo con el fin de usar las nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito.
La decisión fue adoptada a través de la Resolución 710 publicada anteayer en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad.
Entre los argumentos se mencionó que el empleo de la IA “mejorará significativamente la eficiencia de las distintas áreas del Ministerio y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias”.
De acuerdo a esa medida, la resolución establece que esa cartera podrá “prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones mediante el uso de inteligencia artificial (IA)”.
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La resolución prevé que esa Unidad de Inteligencia Artificial podrá hacer el “monitoreo de redes sociales, apps y webs: La unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web (internet profunda) para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública”, se agrega.
La nueva estructura de la Unidad de Inteligencia Artificial estará integrada por especialistas de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quienes serán designados por sus respectivas autoridades. La coordinación estará a cargo del Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de Seguridad.
Se reseña asimismo que países de distinto signo ideológico como Estados Unidos, China, India, Singapur, Francia, Israel o el Reino Unido son ya desde hace años pioneros en el tema de la ciberseguridad, análisis de videos y reconocimiento facial, empleo de drones, predicción de crímenes y otros delitos, automatización, análisis de redes sociales y detección de redes sociales.
Hasta parecería pueril señalar acá que si el enorme adelanto de las huellas digitales o del ADN hubieran sido resistidos en su momento, habrían impedido el enorme adelanto que implicaron esas herramientas esenciales hasta hoy en cualquier pesquisa policial.
No se trata aquí, por supuesto, de promover ningún mecanismo de espionaje ilegal sobre la población, sino de contar con herramientas investigativas que son legales y de uso universal.
Siempre se ha señalado en esta columna, siguiéndose así la opinión de especialistas de nuestro país y del mundo, que las fuerzas policiales no pueden permanecer ajenas e indefensas frente a una delincuencia que, en cambio, hace uso intensivo de internet.
En el caso de la Argentina se conoce perfectamente que muchos y resonantes crímenes quedaron impunes por la falta de herramientas y recursos tecnológicos de las fuerzas policiales que, además, no tuvieron –para una debida formación de sus integrantes- la capacitación previa suficiente.
La escasez de detectives en la Provincia se hizo sentir en muchos de esos episodios, así como la desigualdad tecnológica que padeció la Repartición frente al despliegue, moderno y actualizado, de la delincuencia.
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