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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una nueva crisis de transporte amenaza con desbordar los ánimos de los usuarios y los operadores de colectivos. A medida que septiembre se aproxima, el horizonte del sistema de transporte se tiñe de incertidumbre, con advertencias cada vez más urgentes sobre posibles interrupciones del servicio. Las empresas de colectivos del AMBA, agrupadas en cámaras empresarias de peso, han lanzado un llamado de atención que resuena como una alarma en el entramado político y social de la región.
El conflicto, de fondo complejo y de solución incierta, parece tener en el epicentro una disputa que excede las simples matemáticas de los números. Los subsidios, la principal herramienta para garantizar un transporte accesible, se han vuelto insuficientes para cubrir los crecientes costos operativos. Las empresas reciben un promedio de $862 por viaje, una cifra que se queda corta frente a un costo real que supera los $1.400. Este desfasaje, lejos de ser una cuestión técnica, refleja una falta de acuerdo entre las distintas jurisdicciones involucradas: la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Sin ese consenso político, las empresas ven con preocupación un futuro inmediato en el que los colectivos podrían quedar fuera de las calles, impactando a millones de pasajeros que diariamente dependen de este servicio esencial.
La situación se complica aún más por la reciente actualización tarifaria, que aunque significó un aumento del 37% en los pasajes, no ha logrado equilibrar la ecuación financiera de las empresas. Esta suba de tarifas, explican desde las cámaras empresarias, parece haber sido utilizada por el regulador para alivianar la carga de los subsidios estatales, sin tener en cuenta que los costos operativos siguen en ascenso y que las inversiones en unidades son cada vez más necesarias. La consecuencia directa ha sido la reducción de servicios en horarios nocturnos y durante los fines de semana, una medida que, según anticipan, es solo el principio de una serie de ajustes si no se encuentran soluciones definitivas.
El problema de fondo radica en la estructura misma de los subsidios, que, según denuncian desde el sector, ha favorecido de manera desproporcionada a ciertos grupos empresariales, como el Grupo DOTA, en detrimento de otras empresas del AMBA. La desigualdad en la distribución de los fondos públicos no solo ha profundizado la crisis, sino que ha generado un clima de desconfianza entre los operadores, quienes exigen una mayor transparencia y equidad en el manejo de los recursos. Desde 2022, el Grupo DOTA habría recibido más de 30.000 millones de pesos en subsidios, una cifra que contrasta con la situación apremiante de otras compañías que ven cada vez más difícil mantener la continuidad del servicio.
Pero la crisis no se limita a los números y a los balances empresariales. El transporte público es, en esencia, un servicio social que moviliza a casi 10 millones de personas diariamente y que da empleo a más de 50.000 trabajadores. La posibilidad de interrupciones del servicio no solo afectaría a los usuarios, sino que también pondría en riesgo miles de puestos de trabajo en un sector ya castigado por la pandemia y por las sucesivas crisis económicas que han golpeado al país en los últimos años. Desde las cámaras empresarias han hecho un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y eviten un colapso del sistema de transporte, advirtiendo que, de no resolverse las problemáticas estructurales, el deterioro del servicio será inevitable.
Las empresas, por su parte, aseguran estar dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero insisten en la necesidad de un acuerdo político que garantice la sostenibilidad del sistema. El desafío no es menor. En un contexto en el que los subsidios no logran cubrir los costos operativos y las tarifas ya han sido ajustadas al límite de la capacidad de pago de los usuarios, la salida parece requerir de decisiones políticas que trasciendan los intereses de corto plazo y que se enfoquen en la sostenibilidad a largo plazo de un servicio que es vital para la movilidad en el AMBA.
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Las Cámaras empresarias de Colectivos del AMBA que aquí suscriben, ponemos en alerta a la comunidad por el riesgo de continuidad de los servicios debido a la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA (Nación, CABA y PBA) con relación a los siguientes temas:
1) Cobertura de los subsidios a las líneas de CABA desde el 1/9/2024
2) Cobertura RED SUBE para aquellas líneas que no son Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA
3) Falta de Actualización de la Estructura de Costo utilizada para calcular Subsidios
4) Sub-reconocimiento en cálculo de subsidios de Costo de Inversión en coches (brecha mayor al 100%)
Si bien desde el 12/8/24 se ajustó la Tarifa en 37%, se recuerda que esto es un mecanismo que utiliza el Regulador para ahorrar subsidios, por lo que no tiene impacto sobre las economías de las empresas. Entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos $ 862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir. las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva. Esta crisis no es nueva. Se agravó a la salida de la pandemia, y no logra recomponerse, por eso los usuarios perciben un servicio cada vez peor mientras paradójicamente pagan más. No hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever como garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas. Por tal motivo desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor.
Ya se perdieron 5% de las frecuencias, cifras que se irán incrementando, y no podremos garantizar continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva como y quien paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20% del costo real, medición que invitamos a cualquier investigador independiente para que evalúe. Agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de 30.000 millones de pesos de fondos públicos de manera indebida desde 2022. Esta situacion derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores, y que beneficia a ese grupo, ya ha sido advertida por las actuales autoridades que heredaron este tema que empezó hace más de 2 años, y que si bien existe el compromiso de que se corregirá a través de la orientación del subsidio a la demanda, el daño producido contribuye a agravar la crisis del sector, hasta tanto tal irregularidad sea corregida.
Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)
Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP)
Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (CTPBA)
Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)
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