La Justicia argentina le pidió a la RAE eliminar uno de los significados atribuidos a la palabra "judío"

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves que la Real Academia Española (RAE) suprima del Diccionario de la Lengua Española una de las acepciones atribuidas a la palabra “judío, a” por “configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos”. 

Se trata del quinto significado que aparece en ese diccionario y que describe el término como “Dicho de una persona: Avariciosa o usurera”. 

De esta manera, el juez Lijo sostuvo que se trata de una ofensa contra la dignidad humana y dispuso que el Ente Nacional de Comunicaciones determine el inmediato bloqueo del sitio web de la Academia hasta tanto la RAE cumpla con la decisión.

“A la luz de la amplia tutela de la que goza el derecho a la libertad de religión y las consideraciones de hecho formuladas en la presente, ordenaré a la Real Academia Española que suprima inmediatamente —esto es, sin la previa intervención de las Academias de la Lengua Española— la quinta acepción de la palabra ‘judío, a’ por configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos”, sostiene el fallo. 

La causa comenzó el 28 de agosto pasado cuando el apoderado de la Fundación Congreso Judío Mundial, Claudio Gregorio Epelman, y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, radicaron una denuncia penal contra Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, así como también contra toda otra persona humana responsable que integre dicha organización.  

La acusación fue por incitar al odio contra la colectividad judía a través de una acepción discriminatoria que al día de hoy puede encontrarse en la versión on line de la RAE. 

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La decisión se enmarca en la violación de la ley 23.592, que reprime con prisión de un mes a tres años a los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

Además, los denunciantes sostienen que  la acepción cuestionada constituye “un discurso de odio, definido por la Organización de las Naciones Unidas como ‘cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad’”.

El litigio tiene antecedentes en el año 2021 cuando el Congreso Judío Latinoamericano le envió una carta a Muñoz Machado solicitando la eliminación de esa acepción.  En enero de 2023, el titular de la RAE respondió diciendo que “de acuerdo con los criterios establecidos para el Diccionario de la lengua española, no es posible eliminar una acepción cuando está avalada por el uso —como sucede en este caso—, por más que pueda resultar socialmente inapropiada o reprochable. Sin embargo, se ha considerado oportuno añadir la indicación de que su uso puede resultar ofensivo o discriminatorio”, enmienda que dio lugar a la redacción actual: “Dicho de una persona: avariciosa o usurera. U. como ofensivo o discriminatorio”.

La denuncia incluyó la documentación que da cuenta de que más de 20 comunidades judías hispanohablantes congregadas en el Congreso Judío Latinoamericano de septiembre 2023 respaldaron el pedido, junto a las autoridades del entonces INADI, y el Representante Especial contra el Antisemitismo y el Representante Especial ante la Alianza para la Memoria del Holocausto de la Argentina, correspondiente al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de la República Oriental del Uruguay.

En esa ocasión intervino el fiscal Franco Picardi quien propuso alguna salida o solución alternativa en el marco de la llamada “justicia restaurativa”. Lijo aceptó a los denunciantes como querellantes y consideró “los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina con relación al resguardo del pleno ejercicio de los derechos humanos” para sostener que “corresponde formular ciertas consideraciones acerca de los efectos que produce la permanente publicación de la quinta acepción de la palabra ‘judío, a’ en el Diccionario de la Lengua Española”.

Además, el magistrado federal remarcó que “como parte de la comunidad internacional, la República Argentina comparte la solemne responsabilidad de combatir las acciones que se contrapongan al ejercicio de derechos fundamentales” y subrayó: “Una de las expresiones más aberrantes de estas acciones que cercenan el derecho a la libertad religiosa es el antisemitismo”, agregó. 

“El antisemitismo es, en efecto, un discurso de odio”, añadió y señaló que esa quinta acepción “contiene en la base de su significado un discurso de odio” que “atribuye características peyorativas al integrante de un colectivo por el solo hecho de ser tal”. 

Para Lijo, “la mera existencia de esta acepción -en los términos en los que hoy se encuentra publicada- tiene capacidad para condicionar la conducta de quienes comparten la lengua y de incitar a la violencia en cualquiera de sus distintas formas”.

El fallo también remarca la trascendencia del diccionario de la RAE y la implicancia del mismo: de acuerdo a datos del Instituto Cervantes, más de 599 millones de personas son usuarios potenciales de la lengua española -aproximadamente 46 millones son habitantes de la República Argentina- y se trata del cuarto idioma más estudiado en el mundo.