No es saludable el decreto que restringe el acceso a la información pública

La decisión del gobierno de restringir por decreto el acceso a la información pública , en una medida que contradice los términos de la ley votada por el Congreso nacional en 2016, no es saludable para la democracia ni para la vida institucional de la Argentina.

En primer término, es de manual señalar que todo decreto que vaya más allá de los márgenes fijados por la ley es inconstitucional .

En este caso, la esencia de la medida dictada por el Poder Ejecutivo nacional deja además, “en manos de los funcionarios públicos la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección”, tal como lo destacaron en un comunicado conjunto 70 entidades.

Entre ellas se encontraban FOPEA, CIPEC, CELS, Aministía, ACU, Periodistas Argentinas y Poder Ciudadano. .A ellas se sumo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que también difundió otro comunicado rechazando el decreto presidencial.

“Con esta inesperada medida el Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto ‘interés público”, dijo ADEPA.

También consideró que las restricciones fijadas por el Poder Ejecutivo “podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia”.

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Cabe consignar que este criterio –que pretende imponer la opacidad frente a la transparencia en los actos de gobierno- se aplicó cuando hace pocos días un periodista pidió conocer cuánto había costado la construcción de los caniles que se construyeron en la Quinta de Olivos para alojar a los perros del Presidente. Ahora, según el decreto, esos costos pasaron a ser cuestión de índole privada. Si se propaga semejante discrecionalidad, quedaría poco para averiguar ante los organismos del Estado.

Habría entonces que reiterar conceptos de larga raigambre republicana, en el sentido de todo gasto relacionado al uso de una propiedad pública, como lo son la Quinta presidencial, la Casa Rosada y –en realidad- todas las propiedades que forman parte del patrimonio del Estado, son de naturaleza pública. Preguntar por los costos presupuestarios de un organismo público o reclamar una documentación probatoria no sólo no es nocivo, sino que forma parte esencial del sistema democrático, que descansa en la soberanía popular y no en el arbitrio de los funcionarios de turno.

También se señaló en estos días que son naturaleza pública- es decir, sometidos al conocimiento de la población - todos aquellos actos de ìndole penal que puedan cometerse en el interior de edificios del Estado, inclusive aquellos que pertenecen a la espera de la instancia privada.

Por ello La famosa “fiesta” realizada en la Quinta de Olivos durante la época de la cuarentena, se ha traducida ahora en acusaciones penales caratuladas como “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” “privación ilegítima de la libertad”, entre otras, sin perjuicio de que deben investigarse a fondo las supuestas agresiones del ex Presidente contra la ex Primera Dama, que se habrían registrado, además, en la Quinta de Olivos.

De todos modos, el Gobierno ratificó la vigencia del decreto y argumentó que “no se dará información privada de los funcionarios”. Lo que no dice el gobierno es que lo que denomina “información privada”· deja de serlo cuando están en juego recursos y documentos que son del Estado.

Lo cierto es que no ha elegido un buen camino el actual Gobierno en este tema. Le pueden esperar no sólo demandas judiciales contra el decreto emitido, sino que a partir de este error sustancial la calidad de vida política de la Argentina podrá verse gravemente afectada. Es de esperar, entonces, que recapacite y anule esa norma. Sin embargo, es preciso señalarle y dejar en claro que el periodismo no dejará de investigar sobre todos los temas que revistan interés público.