Tras 70 años, cerró La Suipachense y quedaron 140 familias sin empleo

El juez en lo Civil y Comercial de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., dueña de la marca La Suipachense, luego de constatar el incumplimiento del acuerdo preventivo firmado por la empresa con sus acreedores. La resolución judicial, fechada a fines de octubre, selló el destino de una de las fábricas más emblemáticas de la cuenca lechera bonaerense y dejó sin empleo a 140 personas en Suipacha y localidades vecinas. La emblemática láctea bonaerense cerró después de 70 años.

El magistrado Leandro Julio Enríquez consideró que “la ley resulta tajante” ante el incumplimiento del acuerdo y ordenó el cierre inmediato del establecimiento, la intervención de la Sindicatura y la inhabilitación de su principal directivo, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León. La decisión también dispuso el bloqueo de cuentas bancarias, la intercepción de correspondencia y la clausura de la planta, que llevaba tres meses sin actividad.

Según el fallo, Lácteos Conosur acumulaba deudas impagas por U$S293.857 en cuotas vencidas del acuerdo homologado, más pasivos postconcursales que superan los $8.458 millones en cheques rechazados y más de $1.000 millones con gremios y obras sociales, entre ellas ATILRA, OSPIL y AMPIL. Además, se instruyó a la Sindicatura a dar intervención a la Justicia Penal si se verifican irregularidades en la administración o presuntos delitos.

La fábrica, instalada desde hace décadas sobre la Ruta 5, era el principal empleador industrial de Suipacha y uno de los motores de la economía local. “Esto es devastador para la ciudad. La planta daba trabajo directo a 140 personas y sostenía a decenas de familias más de manera indirecta”, señaló un delegado del gremio lechero Atilra. En los últimos meses, los trabajadores habían montado un acampe frente al predio en reclamo de salarios adeudados y en defensa de las fuentes laborales.

El proceso que culminó en la quiebra había comenzado años atrás, cuando el grupo Maralac S.A. -controlado por empresarios venezolanos- tomó el control de La Suipachense con la promesa de reactivar la planta y expandir la producción. Sin embargo, la situación financiera nunca se estabilizó. A mediados de este año, la empresa suspendió a personal administrativo, luego frenó la producción y finalmente despidió a parte de su plantilla. “Nos decían que había un plan de acción, pero nunca llegó”, relató una empleada con veinte años de antigüedad.

En su resolución, el juez recordó que “el juez no puede ser un fugitivo de la realidad” y que debe tener en cuenta “el clima económico-social que rodea cada caso”. La frase resume la magnitud del golpe: la caída de La Suipachense no sólo afecta a los trabajadores, sino también a decenas de tambos que abastecían la planta y que hoy no tienen a quién venderle su producción.

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“Estamos en una situación límite. En el último trimestre, la leche se paga al productor a valores que no cubren los costos. Cada cierre deja a más familias sin ingresos y a más tambos con deudas”, explicó un productor de la zona norte bonaerense. De acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el precio promedio al productor en septiembre fue de $474,60 por litro, entre los más bajos de los últimos cinco años en términos reales.

El caso de La Suipachense se suma a una lista creciente de cierres en el sector. A fines de octubre, también se decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), fabricante de postres y yogures SanCor, que dejó sin empleo a más de 400 personas. En Santa Fe, la planta de Sudamericana de Lácteos suspendió pagos a productores de Las Colonias por deudas que superan los $350 millones. Los altos costos energéticos, el financiamiento escaso y el consumo interno deprimido completan un cuadro crítico.

“Esto no empezó ayer. Hace años que venimos con caídas en la rentabilidad y falta de políticas de fomento a la producción”, sostuvo un empresario del rubro consultado por este diario. “Hoy nadie puede invertir: las tasas son altísimas, los costos suben todos los meses y el consumo cae. En ese contexto, las pymes lácteas no tienen aire para sostenerse”.

La Sindicatura del caso tendrá hasta el 10 de febrero de 2026 para verificar los créditos de los acreedores, y un informe general sobre el estado patrimonial de la empresa deberá presentarse el 14 de mayo del próximo año. Mientras tanto, el futuro de las instalaciones y de los empleados sigue incierto.

En las calles de Suipacha, los vecinos acompañan a los trabajadores en las vigilias frente a la planta, que luce las persianas bajas y los portones con fajas judiciales. “Esto no es solo una fábrica. Es parte de nuestra historia. Verla cerrada así duele”, dijo un comerciante del centro.

Con su quiebra, La Suipachense deja atrás más de seis décadas de producción y una marca asociada al trabajo y al arraigo en el interior bonaerense. El fallo judicial marca el final de una etapa y el reflejo de una crisis más amplia que atraviesa a toda la cadena láctea argentina.