El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia

La Casa de Gobierno de la Provincia está prácticamente paralizada mientras espera que la Legislatura trate la Ley de Financiamiento que habilitaría a tomar deuda por U$S 3.585 millones. La incertidumbre domina los pasillos: nada avanza sin ese instrumento clave.

Primero fueron las demoras internas del bloque de La Cámpora, que tardó en firmar el despacho de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados. Y cuando finalmente lo hizo, la iniciativa quedó atrapada en una maraña de negociaciones con la oposición que terminó en un callejón sin salida. Las diferencias sobre cómo financiar el Fondo para los municipios y sobre el reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia bloquearon cualquier entendimiento.

El viernes, el peronismo apenas reunió 36 diputados propios y 3 de Nuevos Aires, muy lejos de los 46 necesarios para habilitar la sesión. En calle 6 se encendieron todas las alarmas.

La primera reacción del Ejecutivo bonaerense fue convocar a una sesión conjunta de Diputados y Senadores para el próximo miércoles 3 de diciembre, desde la mañana. Aun así, el escepticismo se siente en los despachos del Palacio Provincial. Algunos veteranos de la política apuntan a la inexperiencia del oficialismo: “Son expertos en la rosca interna, pero no saben negociar una ley”, deslizan. Otros señalan la fragmentación partidaria: “Ya no hay bloques, hay individualidades que pelean solo lo suyo. Se perdió el espíritu de grupo”.

En el gobierno bonaerense temen que la llegada de nuevos legisladores libertarios —desde el 10 de diciembre—, sumada a una oposición ya cerrada al peronismo, termine por sepultar definitivamente la Ley de Financiamiento. Por eso apuran el tratamiento antes de esa fecha, aunque nadie se anima a asegurar que la próxima sesión destrabe el conflicto.

¿Por qué la Provincia pide endeudamiento?

El proyecto aprobado en comisión autoriza al Ejecutivo a tomar U$S 3.585 millones, desglosados del siguiente modo: U$S 1.045 millones para amortizaciones de deuda; U$S 1.990 millones para gastos del sector público; U$S 250 millones para emisión de Letras del Tesoro; U$S 150 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía; U$S 150 millones para AUBASA.

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Sin esta ley, la Provincia afrontaría serias dificultades para cubrir gastos corrientes, pagar casi mil millones de dólares de deuda externa que vencen en 2025, asistir a los municipios, amortizar deuda interna y sostener inversiones en obra pública. Con el ajuste nacional, el panorama es aún más complejo.

El Presupuesto también crea el Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, que administrará los fondos que eventualmente se recuperen por reclamos judiciales y administrativos contra la Nación. Según la Provincia, la deuda nacional asciende a unos $900 mil millones desde diciembre de 2023.

¿Y los impuestos?

Según la Provincia, la Ley Fiscal e Impositiva no modifica alícuotas de Ingresos Brutos. Propone una “reducción nominal” en las cuotas del 75% de los vehículos radicados en PBA y mantiene los mecanismos actuales para fijar el Inmobiliario Urbano y Rural. Tampoco se aplicará la famosa quinta cuota de este año, que generó duras protestas de productores rurales afectados por inundaciones.

Aun así, la Sociedad Rural objeta el artículo 133, que habilita al Ejecutivo a intervenir en valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta para el revalúo, sin espacios de consulta con instituciones y productores.

Otro punto polémico es la tasa del 9% de Ingresos Brutos sobre los bancos que adquieran bonos del Tesoro o instrumentos de deuda nacional. Según entidades financieras, es “una medida más política que recaudatoria”.

Silencio con la AFA

El 2 de enero, Claudio “Chiqui” Tapia fue designado administrador del CEAMSE, la empresa estatal que gestiona residuos de 40 municipios del Conurbano. Esa designación fue fruto de una negociación con Sergio Massa, que también habría propuesto a Pablo Toviggino (Tesorero de AFA) para un alto cargo en el Banco Provincia. Mientras el gobierno nacional cuestiona abiertamente a Tapia —especialmente tras el castigo a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central—, en la Provincia reina el silencio.

Tapia representa, para muchos, la imagen de un país sin reglas claras, donde una sola persona define campeonatos, descensos y sanciones. Un poder casi monárquico.

Ese silencio oficial puede convertirse en un problema político para Axel Kicillof. En la opinión pública empieza a instalarse la idea de que, en este tema, el peronismo bonaerense juega en el lado equivocado de la cancha.