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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires busca poner fin a la dispersión de criterios de los magistrados
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El Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en la fijación de un índice único para ajustar las indemnizaciones y multas por despido, buscando establecer un horizonte de previsibilidad que contraste con la actual dispersión en las sentencias laborales. Esta medida es considerada clave luego de que el TSJ fijara un criterio similar para juicios por accidentes de trabajo. Tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Levinas, la "Corte porteña" se consolidó como la máxima autoridad de apelación en los casos laborales, civiles, comerciales y penales de la Justicia Nacional.
Este esfuerzo por la unificación aborda un tema históricamente difícil que ha enfrentado a los camaristas laborales nacionales con la Corte Suprema de Justicia, que ha exigido ajustes razonables y proporcionados tras anular numerosos fallos por intereses considerados exorbitantes. De hecho, la Cámara Laboral (controlada en parte por el poder sindical y con criterios disímiles) aplica diversos coeficientes de ajuste: mientras la mayoría de sus salas utiliza el IPC más un 3%, la Sala X aplica sólo el IPC, la Sala VIII aplica el CER, y recientemente la Cámara anunció que desde 2024 aplicará la tasa activa del Banco Nación.
Para enfrentar esta tarea, el TSJ porteño inauguró un nuevo edificio y se enfocó en dictar casos que sirvan para fijar criterios claros. Ahora, el objetivo es lograr un fallo contundente y, de preferencia, unánime, para consolidar un tope para el cálculo de las indemnizaciones y poner fin a la dispersión judicial.
Aun así, existen tres posiciones principales de mínima entre los jueces. La primera es aplicar el criterio de IPC más 3%, que es el mismo establecido en el artículo 276 del DNU 70/23 (norma fundacional del gobierno de Javier Milei que fue frenada por la Justicia Laboral). La segunda opción es aplicar el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), como ya se hizo con los juicios por accidentes de trabajo. La tercera es establecer un índice híbrido con un piso y un techo teniendo en cuenta un 3% más o menos sobre IPC.
El criterio del IPC más el 3% es también el que introdujo el Gobierno en el proyecto de ley de reforma laboral que se discutirá en el Congreso. La propuesta busca reducir la "discrecionalidad" de los jueces y, además, prohíbe intereses sobre intereses, una práctica que la Corte Suprema ha criticado y anulado en fallos anteriores.
La intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es vista por los empresarios como un bálsamo ante la incertidumbre de los fallos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró un fallo reciente que puso tope a las actualizaciones en casos de accidentes laborales, afirmando que "le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales" y es un paso clave para terminar con la "industria del juicio" que "destruye el empleo y lo precariza". Macri insistió en la necesidad de avanzar en la transferencia de las competencias judiciales a la Ciudad para garantizar seguridad jurídica. El exministro Guillermo Dietrich, cercano a Mauricio Macri, coincidió, celebrando que la sentencia evita la "industria del juicio que se apoya en la discrecionalidad de las indemnizaciones" y que desincentiva la creación de empleo.
El esfuerzo por la unificación se consolidó la semana pasada, cuando la Justicia porteña reafirmó que las indemnizaciones por accidentes laborales deben actualizarse por el índice RIPTE, incluso para casos anteriores a 2019. Esta decisión, tomada en el caso "Asociart SA Art S/queja...", ratificó la competencia del TSJ como máxima instancia de revisión (establecida por el caso Levinas) y puso fin a la actualización por inflación, la cual había generado cifras excesivas. El fallo, firmado por los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, con un voto aparte coincidente de Luis Lozano y la disidencia de Alicia Ruiz, consolidó la aplicación del Ripte por reflejar de manera más adecuada la evolución salarial, marcando un cambio decisivo en la ciudad.
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