A la discusión por la regularización del uso de las aplicaciones de transporte, ayer se coló en el Concejo Deliberante local una fuerte polémica en torno al modo de legislar los servicios de delivery como “Pedidos Ya” y “Rappi”.
El debate arrancó por la presentación de un proyecto de ordenanza para crear un registro de repartidores y regular el funcionamiento de sus tareas, además de incorporarlos a una suerte de cooperativa municipal, por la que puedan gozar de un seguro por accidente, entre otras cuestiones.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la comisión de Transporte, el concejal de Unión por la Patria (UP) Cristian Vander, secretario general del gremio de los trabajadores telefónicos, enmarcado en la CGT.
El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión del próximo viernes. Sin embargo, ayer, el concejal del PRO Nicolás Morzone ya salió con los tapones de punta, en contra de la iniciativa.
“YA HAY UNA ORDENANZA”
El punto central del cuestionamiento al proyecto de Vander es que “ya existe una ordenanza para regular la actividad”, la que fue sancionada en 2022, según el edil, por “unanimidad”, es decir, con el acompañamiento de concejales del peronismo. Y citó a Cintia Mansilla, Juan Granillo Fernández y los actuales secretarios municipales Luis Arias, Paula Lambertini, Guillermo Escudero y Ana Negrete.
“La legislación ya existe, el problema es que esta administración municipal jamás la aplicó”, reprochó Morzone al gobierno de Julio Alak a través de sus redes sociales.
Y cargó contra Vander: “El mismo Concejal que presentó este proyecto es el que me acusó de hacer campaña política la sesión pasada por presentar una ordenanza para regular las apps de transporte urbano como Uber, Didi y Cabify que generarían miles de fuentes de trabajo formal, además de generar equidad con los taxis y remises”.
Y explica que la ordenanza vigente “estipula un registro único de Repartidores, operadores de plataformas digitales y prestadoras de servicios de sustancias alimenticias, inscripción que es requisito para prestar la actividad en La Plata. También exige seguro obligatorio y multas más severas si infringieran normas de tránsito”.
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