Acuerdo Mercosur–UE: tire y afloje en medio de intereses contrapuestos

La Unión Europea mantiene abierta la posibilidad de aplicar de forma provisional el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, aun cuando el Parlamento Europeo decidió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para una revisión legal que suspende el proceso de ratificación.

Así lo expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al cierre de una cumbre de líderes comunitarios en Bruselas. Según señaló, existe entre varios gobiernos europeos “un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, aunque aclaró que todavía no se tomó una decisión formal.

“En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos”, afirmó Von der Leyen, al subrayar que la aplicación provisional solo será posible una vez que al menos uno de los países del Mercosur ratifique el tratado.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvo que la Comisión tiene autoridad para avanzar con la puesta en marcha provisional del acuerdo y aseguró que la mayoría de los Estados miembros se inclinan por ese camino.

Sin embargo, esta alternativa encendió una fuerte polémica institucional. El Parlamento Europeo aprobó por un margen muy ajustado remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE, lo que impide que la cámara vote su ratificación hasta que la corte se expida, un proceso que podría extenderse durante meses o incluso más de un año.

Francia, principal referente del rechazo al tratado, advirtió que avanzar por fuera del Parlamento podría interpretarse como una vulneración democrática.

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El gobierno francés fue el más duro en sus cuestionamientos. La portavoz oficial, Maud Bregeon, afirmó que imponer una aplicación provisional del acuerdo “constituiría una forma de violación democrática”, en referencia al reciente voto del Parlamento Europeo.

París teme un impacto negativo sobre su sector agrícola, particularmente por el ingreso de productos sudamericanos más competitivos y con estándares sanitarios y ambientales que, según sostienen, no siempre se alinean con los de la UE.

En la vereda opuesta, Alemania y España respaldan con fuerza la rápida implementación del tratado. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó como “lamentable” la decisión del Parlamento y pidió avanzar sin demoras, en línea con los intereses industriales del país.

Un acuerdo atravesado por la geopolítica

Más allá de la interna europea, el pacto con el Mercosur es considerado estratégico por Bruselas para diversificar sus vínculos comerciales y reducir su dependencia histórica de Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

La UE viene cerrando acuerdos similares con Japón y México y prevé firmar uno con India en las próximas semanas. En ese esquema, el tratado con Sudamérica aparece como una pieza clave de una estrategia comercial más amplia.

Sudamérica, lista para avanzar

En los países del Mercosur la ratificación aparece prácticamente garantizada. El bloque está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras que Bolivia —recientemente incorporada— aún no forma parte del acuerdo, aunque podría sumarse en el futuro. Venezuela, con su membresía suspendida, también quedó excluida del tratado.

Así, mientras Sudamérica muestra disposición a avanzar y está expectante, Europa sigue atrapada en un complejo equilibrio entre intereses económicos, presiones políticas y disputas institucionales que mantienen al acuerdo Mercosur–UE en un permanente tire y afloje.

Beneficios económicos y temores sectoriales

El acuerdo prevé la eliminación gradual de más del 90% de los aranceles sobre productos industriales y agrícolas. Permitirá, por ejemplo, una mayor exportación de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas europeas hacia América Latina, y facilitará el ingreso a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja del Mercosur.

Sus defensores sostienen que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores, y abaratará costos para empresas y ciudadanos.

Sus detractores, en cambio, alertan sobre el impacto en la agricultura europea y la competencia con productos importados más baratos, además de cuestionar los mecanismos de control ambiental y sanitario.