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El Gobierno desclasificó y publicó casi 500 páginas de documentos oficiales del Servicio de Inteligencia del Estado correspondientes al período 1973-1983, que incluye los más de siete años de la última dictadura. Los documentos fueron publicados en el sitio oficial de Estado. Contienen desde la lista de compras de las oficinas del organismo de inteligencia hasta el registro de conformación de departamentos dedicados a espiar universidades, sindicatos, empresas, organizaciones políticas y sociales.
“La publicación de archivos históricos fortalece la credibilidad institucional, ayuda a desmitificar teorías conspirativas y demuestra compromiso con la verdad” en un presente donde abunda “la desinformación”, detalló el gobierno en una guía de lectura que acompaña los documentos.
La liberación de estos archivos ocurre a cinco días de que se conmemore el 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio, el 24 de marzo de 1976, al último gobierno militar en el país, que secuestró y desapareció a 30.000 personas, según estimaciones de organismos de derechos humanos.
El presidente Javier Milei ha cuestionado la cifra de 30.000 desaparecidos y ha arremetido contra organizaciones de derechos humanos al decir que tienen “un curro” (negocio).
En esta primera instancia, el Servicio de Inteligencia publicó “un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas”, además de la guía.
Algunos de los documentos plantean la producción de “inteligencia estratégica psico-sociológica”, entre cuyas tareas está la de vigilar medios de comunicación con el objetivo de “determinar los temas sobresalientes, motivaciones, argumentos, caracterización ideológica (política, religiosa, económica, filosófica, etc.), literaria, etc.”.
Otros son simplemente instrucciones de uso de oficinas de la organización en tiempos de reducción presupuestaria: “se mantendrán apagadas todas las luces en las habitaciones que no haya gente”, se lee en uno de los papeles que, sin embargo, dice “estrictamente secreto y confidencial” en la parte superior.
Argentina juzgó a cientos de implicados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, principalmente exmilitares o expolicías, aunque también algunos civiles.
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