Pesar en la UNLP por la muerte de María del Carmen Roqueta, la jueza que condenó a perpetua a Videla

La jueza María del Carmen Roqueta, quien cobró notoriedad histórica en 2012 por dictar la sentencia de prisión perpetua contra Jorge Rafael Videla, falleció este fin de semana y generó un profundo dolor en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en donde formaba parte del plantel docente de una maestría en Derechos Humanos.

La magistrada encabezó el proceso que acreditó la existencia de un plan sistemático orientado al robo de bebés pertenecientes a detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas durante la última dictadura militar. Roqueta murió este domingo tras atravesar una afección de salud que mantuvo en su esfera privada, y sus restos fueron despedidos en una ceremonia en Casa América previa a su inhumación en el cementerio de la Chacarita.

Al frente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, la jueza lideró el cuerpo colegiado que impuso una pena de cincuenta años de cárcel al exdictador. La resolución judicial calificó los hechos como una práctica generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad.

El veredicto, emitido el 5 de julio de 2012 junto a los magistrados Julio Panelo y Domingo Altieri, determinó la culpabilidad de Videla, Jorge Acosta y el médico policial Jorge Luis Magnacco, entre otros involucrados en la alteración y supresión de identidades en el contexto del terrorismo de Estado.

En declaraciones posteriores a la sentencia, la magistrada sostuvo que el juicio permitió unificar la visión sobre el accionar represivo, argumentando que no existieron planes diferenciados sino una única estrategia de aniquilación entre 1976 y 1983. Según su análisis, el tribunal logró demostrar la sistematización de una cadena que incluía el secuestro, la tortura, el cautiverio y la desaparición tanto de las madres como de sus hijos. Un aspecto distintivo de este fallo respecto al Juicio a las Juntas de 1985 fue la inclusión de casos donde los niños aún no han sido localizados, basándose en la prueba de que los nacimientos efectivamente ocurrieron en centros clandestinos.

La trayectoria de Roqueta fue reconocida en 2019 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la distinguió como personalidad destacada de los Derechos Humanos. Durante sus intervenciones públicas, la jueza explicó que el robo de menores fue una consecuencia directa de la estructura montada por la dictadura, que debió gestionar la presencia de numerosas mujeres jóvenes embarazadas dentro de las organizaciones que perseguía. La magistrada probó que el esquema consistía en esperar el momento del parto para luego disponer de las madres y trasladar a los recién nacidos a otros destinos.

En sus fundamentos, Roqueta reflexionó sobre la oscuridad del contexto en el que nacieron los niños apropiados y valoró la participación en el juicio de aquellos que recuperaron su identidad. A diferencia de otros procesos penales sobre crímenes de lesa humanidad, este debate judicial contó con el testimonio y la presencia de víctimas que sobrevivieron a la apropiación, lo que permitió trabajar sobre realidades de vida presentes. La jueza mantuvo la convicción de que el cumplimiento estricto de las garantías judiciales era la vía para establecer un límite jurídico ante los hechos denunciados.

El deceso se produjo catorce años después de aquel hito judicial que dio respuesta a las denuncias de las mujeres secuestradas cuyos hijos fueron arrebatados. La magistrada recordaba con frecuencia el impacto personal que le causó el trato directo con las Abuelas de Plaza de Mayo y el contraste generacional entre la persistencia de las mujeres mayores y la historia que cargaban los nietos restituidos. Tras conocerse la noticia, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo expresó su tristeza y destacó que la labor de Roqueta permitió condenar a nueve represores, cerrando un reclamo judicial que se extendió por más de tres décadas.

La organización también recordó que la jueza intervino en otros expedientes sensibles vinculados a la apropiación de menores, como las causas Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y la referida a los profesionales de la salud que operaron en Campo de Mayo. Los organismos de derechos humanos coincidieron en señalar que su labor en el ámbito judicial y docente deja un precedente para la formación de las próximas generaciones de abogados y magistrados en el país.

Ayer, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP emitió un sentido comunicado en el que expresó sus condolencias por la partida de la renombrada magistrada que era docente de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos que se dicta en esa unidad académica.

"Desde las aulas de nuestra Facultad, su legado también dejó huella. Con generosidad y compromiso, compartió su experiencia con nuevas generaciones de comunicadores, aportando una mirada crítica y profundamente humana sobre el rol de la justicia y la comunicación en la construcción de memoria. La despedimos con respeto y gratitud. Su trayectoria seguirá siendo faro para quienes creen en una sociedad más justa, donde la verdad no se negocia y la memoria es un ejercicio permanente", expresó la Facultad.