Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento

Universidad del Este

En la discusión económica argentina volvió a instalarse una idea que suele aparecer en cada ciclo de ajuste: que el recorte del gasto público es, por sí mismo, una condición suficiente para ordenar la economía y habilitar una recuperación sostenida. La lógica parece simple —si el Estado gasta menos, libera recursos para el sector privado, mejora las expectativas y genera crecimiento— y tiene una formulación teórica precisa: la hipótesis de la “austeridad expansiva”, popularizada en los noventa por Alesina y Ardagna, según la cual ciertos ajustes fiscales pueden reactivar la economía al mejorar la credibilidad del Gobierno y reducir las primas de riesgo.

Sin embargo, la experiencia histórica y la teoría económica muestran que el problema es bastante más complejo. De hecho, existe un fenómeno clásico conocido como la “paradoja de la frugalidad” que explica cómo, en determinadas circunstancias, el intento simultáneo de ahorrar más puede terminar generando exactamente el resultado contrario: menos ingreso, menos inversión y, finalmente, menos ahorro.

La idea fue formulada por John Maynard Keynes en la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936) en el contexto de la Gran Depresión, y constituye uno de los pilares de la macroeconomía moderna. El argumento es relativamente sencillo. Lo que es racional para un individuo puede no serlo para la economía en su conjunto (la llamada “falacia de composición”). Una familia puede mejorar su situación futura reduciendo gastos y aumentando su ahorro. Pero si todos los hogares y empresas intentan hacer lo mismo simultáneamente, el resultado agregado es una caída de la demanda, del ingreso y del empleo. En otras palabras: el ahorro colectivo termina destruyendo el ingreso que hacía posible ese mismo ahorro.

LA MISMA LÓGICA

Esta lógica no se limita al sector privado. También aplica al Estado. Cuando el gasto público cae en una economía ya debilitada, el efecto inmediato no es únicamente una mejora fiscal, sino también una reducción del ingreso del resto de los sectores. Menos obra pública implica menos actividad en construcción y metalurgia. Menos transferencias implican menor consumo. Menos salarios públicos implican menos demanda en economías regionales y ciudades medianas.

En consecuencia, cae la actividad y, con ella, también cae la recaudación tributaria. La magnitud de este efecto depende críticamente del multiplicador fiscal: la relación entre cada peso de variación del gasto público y la variación resultante del producto. En situaciones de subutilización del aparato productivo —desempleo elevado, capacidad instalada ociosa, restricción de crédito— dicho multiplicador puede ser significativamente mayor que uno, lo que implica que el costo en términos de actividad económica de un ajuste fiscal es proporcionalmente más alto.

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Aquí aparece el núcleo de la paradoja. El ajuste fiscal mejora inicialmente las cuentas públicas, pero al deteriorar la actividad económica erosiona parte de los ingresos del propio Estado. Si el Gobierno insiste en mantener determinadas metas fiscales nominales, suele verse obligado a profundizar el ajuste. El resultado puede transformarse en un círculo contractivo donde la caída del gasto retroalimenta la caída de la recaudación y viceversa.

Esta dinámica no es una abstracción teórica. Olivier Blanchard y Daniel Leigh, en un influyente trabajo publicado por el FMI en 2013, documentaron que durante los programas de ajuste implementados en Europa tras la crisis de 2008 los multiplicadores fiscales habían sido sistemáticamente subestimados: la institución asumía valores en torno a 0,5, cuando la evidencia empírica mostraba multiplicadores de entre 0,9 y 1,7 en contextos recesivos.

La consecuencia directa fue que el costo en términos de producto y empleo de cada punto de ajuste fiscal resultó mucho mayor de lo anticipado. En un sentido complementario, J. Bradford DeLong y Lawrence Summers argumentaron que, en situaciones de trampa de liquidez —cuando la política monetaria pierde eficacia porque las tasas de interés ya rozaron el piso cero—, la austeridad fiscal puede generar efectos de histéresis: destruir capacidad productiva de manera permanente, elevando el costo de largo plazo del ajuste muy por encima de su beneficio de corto plazo.

El impacto

Algo de esto es precisamente lo que comienza a observarse en la dinámica reciente de la economía argentina. La recaudación tributaria acumula varios meses consecutivos de caída real, afectada tanto por la reducción de impuestos específicos (especialmente ligados al comercio exterior) como por el deterioro de la actividad económica y el consumo.

Los tributos más vinculados al nivel de actividad —como IVA, impuesto al cheque y seguridad social— muestran retrocesos significativos, con variaciones porcentuales menores pero que tienen mayor incidencia en la recaudación total. A su vez, los sectores más ligados al mercado interno continúan estancados o en contracción: industria, construcción y comercio operan muy por debajo de sus niveles históricos y muestran escasa capacidad de recuperación autónoma.

Frente a esa caída de ingresos, la respuesta oficial consistió en profundizar el ajuste para sostener el resultado primario. La lógica es coherente desde una visión contable de corto plazo, pero supone que el nivel de actividad es exógeno a las decisiones del Estado —exactamente lo que la tradición keynesiana surgió para refutar.

La crítica austríaca sostiene que las recesiones son procesos necesarios de depuración: la liquidación de inversiones ineficientes recompone los incentivos correctos, y cualquier intento de sostener la demanda artificialmente solo posterga ajustes inevitables. El problema es que esa interpretación asume mercados que convergen rápida y automáticamente al pleno empleo, algo que rara vez ocurre en economías reales y mucho menos en estructuras periféricas y fragmentadas.

DAÑOS PERSISTENTES

En la práctica, las recesiones prolongadas dejan daños persistentes: empresas que cierran no siempre vuelven a abrir, trabajadores desocupados pierden vínculos y capacidades, la inversión colapsa ante expectativas negativas y el crédito se retrae. El ajuste no limpia solamente “malas inversiones”: frecuentemente destruye capacidades productivas viables atrapadas en un contexto macroeconómico adverso. Por eso Keynes insistía en que el problema central de las crisis no es la oferta sino la insuficiencia de demanda efectiva: incluso empresas rentables dejan de invertir cuando no esperan vender, y allí el gasto público opera como estabilizador, sosteniendo ingresos y cortando la dinámica contractiva antes de que se vuelva autorreferencial.

La paradoja de la frugalidad sigue plenamente vigente. Cuando todos los sectores ajustan simultáneamente en una economía deprimida, el ingreso agregado puede caer más de lo previsto. Y cuando el Estado responde a la caída de recaudación exclusivamente con nuevos recortes, corre el riesgo de profundizar el mismo problema que intenta resolver. La macroeconomía moderna nació para entender estas dinámicas. Ignorarlas no vuelve menos reales sus consecuencias.