LA DIPUTADA ULTRA K DIANA CONTI ES UNA DE LAS AUTORAS DEL NUEVO PROYECTO OFICIAL CONTRA EL MÁXIMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

El kirchnerismo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca quitarle al Poder Judicial y a la Corte Suprema facultades presupuestarias, de manejo de personal y hasta de fijación de sueldos y se las pasa al Consejo de la Magistratura, tras haber retrocedido en esos puntos cuando se trató en la Cámara baja la ley de los cambios en la conformación del organismo.

En esa oportunidad, las sorpresivas variantes motivaron una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien ventiló un “pacto” entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Ahora, el texto modifica seis leyes nacionales y vuelve a lo que fue el proyecto original del Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura que, entre otras cuestiones, le otorga al Consejo la potestad de “aprobar” con mayoría simple el anteproyecto del Presupuesto anual del Poder Judicial, cuando el actualidad sólo “toma conocimiento” del mismo y lo pasa, “para su consideración”, a la Corte.

Tras el fallo de la semana pasada que anuló la elección directa de jueces y abogados por considerarlo “inconstitucional”, el Gobierno disparó contra la Corte duras declaraciones y se denunció una supuesta investigación de la Afip hacia Lorenzetti, que ahora desde la Corte pedirán explicaciones (ver pág. 6).

El nuevo proyecto, que presentaron los diputados del Frente para la Victoria, Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain es un texto similar al que originalmente había enviado el Ejecutivo en el paquete de leyes de Reforma Judicial y fue uno de los pocos cambios que aceptó hacer el kirchnerismo.

En otras partes del articulado queda claro que se eliminan artículos de la reciente Ley 26.855 que reglamentó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y se vuelve al texto original, dejando de lado que las leyes modificadas señalaban que iban a quedar “sin efecto” todas las disposiciones “que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación”.