Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros”

No es un rumor de barrio ni una versión aislada que se pierde en el boca a boca. Es una denuncia formal, con nombre, fecha y presentación judicial, que vuelve a poner bajo sospecha un terreno siempre sensible: los procedimientos policiales. Y lo hace con un dato inquietante. Un vecino asegura que, en pleno allanamiento en su casa en Tolosa, le habrían robado dinero. Todo, por supuesto, en el marco de una investigación que recién comienza y que deberá determinar qué ocurrió realmente.

La presentación fue realizada en las últimas horas por un hombre de 30 años, domiciliado en la zona de 17 entre 523 y 524, quien dejó asentado un relato detallado ante las autoridades. Según su versión, el episodio se desencadenó el día anterior, cuando recibió un llamado de su madre para advertirle que en su vivienda había un operativo policial en marcha.

Siempre en base a su testimonio, al llegar al lugar observó varios patrulleros y efectivos desplegados en la cuadra. Intentó ingresar tras identificarse como uno de los residentes, pero -según denunció- se le negó el acceso bajo el argumento de que se estaba llevando adelante una orden de registro domiciliario y secuestro.

El hombre sostuvo que, desde el exterior, pudo advertir cómo los uniformados recorrían distintos sectores de la vivienda. En ese sentido, planteó dudas sobre el modo en que se desarrolló el procedimiento, al señalar que, siempre según su percepción, no se habría garantizado de manera permanente la presencia de un testigo durante toda la requisa, tal como lo establecen los protocolos.

De acuerdo a lo que declaró, una vez finalizado el allanamiento y ya con acceso a su casa, comenzó a revisar los ambientes y detectó un faltante de dinero. En concreto, aseguró que le habrían sustraído 1.500 dólares y 300.000 pesos.

En la denuncia dejó constancia de que el procedimiento se habría realizado en el marco de una causa penal en trámite ante la UFI N° 1 de La Plata. Frente a esa situación, decidió avanzar con la presentación judicial por el presunto delito de hurto, aportando además la existencia de una testigo que podría respaldar parte de lo ocurrido.

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Como sucede en este tipo de casos, el denunciante fue debidamente notificado de los alcances legales de su declaración, incluyendo las penalidades previstas para falsas denuncias o falso testimonio. Ahora, según se informó, el expediente quedó en manos de la fiscal María Cecilia Corfield, quien deberá evaluar las primeras medidas para determinar si existió algún tipo de irregularidad durante el procedimiento o si los hechos se ajustaron a derecho.

Qué dijeron los vecinos

Mientras tanto, vecinos de la cuadra aportaron un elemento clave que confirma, al menos, la magnitud del operativo. En diálogo con este diario, coincidieron en que el allanamiento efectivamente se realizó y que el despliegue fue inusual. “Vimos muchos patrulleros y se armó un gran operativo”, relataron. Según estimaron, en el lugar habrían intervenido alrededor de diez vehículos policiales, lo que reforzó la idea de que se trataba de un procedimiento de importancia.

Este nuevo episodio no tardó en generar ruido por un dato no menor: en menos de una semana, se conoció otro caso en la Región con características que también quedaron bajo sospecha. En esa oportunidad, tal como informó EL DIA en su edición anterior, un comerciante denunció que fue interceptado por efectivos motorizados mientras circulaba en su vehículo y que, durante el procedimiento, habría sido víctima de maltratos y del robo de pertenencias.

Siempre según su relato, los uniformados no se habrían identificado correctamente, actuaron sin testigos en un primer momento y, tras revisar el auto, desaparecieron dinero y otros objetos personales. La denuncia fue radicada tanto en la fiscalía como en Asuntos Internos, y también se encuentra bajo investigación.

Pero la secuencia de episodios no se agota en los últimos días. Si se retrocede en el tiempo, aparecen antecedentes que alimentan la preocupación. En febrero de 2025, una familia de Gonnet denunció que, tras llamar al 911 por una supuesta intrusión, terminó detectando el faltante de distintos objetos luego de que se retirara el personal que acudió al lugar.

El caso escaló rápidamente y quedó bajo la órbita de la fiscalía, con intervención de la Policía Judicial y de Asuntos Internos. Con el correr de las horas, nuevos testimonios y el análisis de cámaras de seguridad comenzaron a complicar a los agentes que participaron del operativo, en una causa que buscó establecer si efectivamente hubo participación policial.

Incluso, meses más tarde, se conocieron detalles que sumaron interrogantes: la presencia de varios efectivos en un procedimiento que, en principio, no lo ameritaba, y la desaparición de objetos sin signos de ingreso forzado de terceros. Todo eso derivó en una investigación que aún buscaba respuestas.

En ese contexto, la reiteración de denuncias con puntos en común -procedimientos oficiales, presencia policial y posteriores faltantes- abre un escenario delicado que obliga a avanzar con investigaciones exhaustivas.

Más atrás, en 2022, otro hecho ocurrido también en Gonnet reflejaba el nivel de organización del delito en la región, aunque sin involucrar a fuerzas de seguridad.

En ese caso, una mujer fue asaltada por una banda que permaneció varias horas en su vivienda, revisó cada rincón y se llevó dinero, objetos de valor e incluso su vehículo.

El episodio, si bien de otra naturaleza, dejó en evidencia la vulnerabilidad frente a maniobras delictivas cada vez más sofisticadas. Lo cierto es que, por ahora, todo se sostiene en denuncias que deberán ser corroboradas o descartadas con pruebas.

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