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Por MARIANO SPEZZAPRIA
Twitter: @mnspezzapria
El Gobierno les mostró la zanahoria y las empresas de telefonía fueron tras ella sin dudarlo. Por eso la última semana comenzó con el anuncio de una nueva Ley de Telecomunicaciones y terminó con una subasta por el servicio de 4G que tuvo una jugosa oferta global por 2.330 millones de dólares. Claro que la maniobra gubernamental puede ser interpretada en términos políticos, a raíz de su enfrentamiento con medios no alineados, pero en el fondo tuvo un fin meramente económico.
Nada nuevo bajo el sol: se sabe que el Gobierno necesita fortalecer las reservas del Banco Central, cuya merma ha sido notoria este año, y que para lograr ese objetivo no hay que despreciar de antemano ninguna jugada que allane el ingreso de divisas. De hecho, antes de asegurarse los dólares de las telefónicas, la autoridad monetaria conducida ahora por Alejandro Vanoli había activado el swap con su similar de China, que le reportó -una vez hecha la conversión- U$s 814 millones.
DOLARES DEL CAMPO
El BCRA también recibió con alivio la incipiente liquidación de las exportaciones cerealeras, cuyos operadores acordaron con el Gobierno ingresar al sistema unos 1.500 millones de dólares en el último trimestre del año. Así, las reservas internacionales cerraron octubre en alza por primera vez en todo 2014, pese a que ese crecimiento fue de sólo 200 millones de dólares. Dada la situación, lo importante para las autoridades económicas era frenar la sangría y empezar a revertir la tendencia.
Los economistas suelen advertir a los políticos que las crisis terminales se desatan cuando las reservas del Banco Central caen en picada. La Presidenta, que tiene grabada a fuego esa máxima porque se la inculcó Néstor Kirchner, camina sin embargo sobre un estrecho sendero cuando mezcla la economía con la política. Días pasados, advirtió que tiene miedo de que la oposición agite el fantasma de la crisis para que el próximo Gobierno tenga plafón para ejecutar un ajuste fiscal.
Cristina Kirchner hizo el planteo ante un foro de jóvenes empresarios, realizado en oposición al coloquio de IDEA que tantas críticas disparó contra el Gobierno, especialmente contra su “modelo” económico. Aunque aclaró que “no estamos en Disney”, la Presidenta evitó no obstante referirse a estadísticas concretas como la caída del empleo industrial, que llegó al 2,2% en el tercer trimestre según el INDEC, el organismo del cual acaba de ser eyectada la polémica Ana María Edwin.
Se trata de la funcionaria que llevó adelante la intervención que le encomendó el otrora poderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien la Justicia le dio esta semana una muestra de que los abusos de poder no son gratuitos y lo mandó a juicio oral y público por haber multado a una consultora de manera irregular. Dicho sea de paso, hace un año exacto que el INDEC dejó de informar sobre el nivel de pobreza, pese a lo cual el Gobierno cuestiona las mediciones privadas.
En este escenario signado por las estadísticas opacas, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda consiguieron en la semana la aprobación en el Congreso de dos leyes consideradas clave: la que establece el Presupuesto Nacional de 2015 y la de Hidrocarburos. Más allá de las discusiones permanentes en torno a “ley de leyes”-por la discrecionalidad con la que luego se modifican las partidas durante el ejercicio-, lo cierto es que la normativa es más que necesaria para el país.
ACUERDO PETROLERO
En cuanto a la Ley de Hidrocarburos, su sanción respondió a un acuerdo de la Presidenta con los gobernadores de las provincias petroleras, tras una etapa de inédita resistencia que fue apaciguada con el refinanciamiento nacional de las deudas de esos distritos. Las esperanzadoras proyecciones sobre el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén hicieron el resto, pese a lo cual 114 diputados de la oposición votaron en contra por la extensión de las explotaciones al polémico plazo de 35 años.
La norma legaliza el decreto presidencial que había sido redactado a medida de la multinacional norteamericana Chevron, en un acuerdo secreto que habría incluido al Gobierno de los Estados Unidos. Por eso algunas fuentes gubernamentales vincularon el reproche de la Presidenta a Barack Obama -por el nombramiento de la lobbista de los “fondos buitre” Susan Soderberg- a una promesa que la Casa Blanca no habría cumplido. Así, justificaron la airada reacción de Cristina Kirchner.
Es que en términos diplomáticos, el reclamo de la mandataria argentina al presidente norteamericano no se realizó por los canales adecuados, que hubieran consistido en enviar a la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, a formalizar una protesta ante el Departamento de Estado. Pero quedó a la vista que Cristina Kirchner quiso exponer su descontento, en una acción que se vincularía al rédito político interno de la impronta anti-estadounidense.
De este modo, el kirchnerismo buscaría darle un nuevo envión a la consigna “Patria o Buitres”, que tantas alegrías le dio para desconcierto de la oposición. Sin embargo, la declaración en default para otra tira de bonos de la deuda externa -producto del bloqueo decretado por el juez neoyorquino Thomas Griesa y de la renuencia de los acreedores a cobrar los vencimientos en Buenos Aires- evidencia que por debajo de la superficie, los problemas externos se seguirán acumulando.
Salvo que a partir de enero el Gobierno vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones con los abogados del fondo NML Capital, que dirige el magnate norteamericano Paul Singer, y llegue a un acuerdo que despeje el horizonte en la antesala de la campaña electoral que marcará el ritmo de 2015. A juzgar por las declaraciones públicas de Daniel Scioli, los candidatos oficialistas necesitarían de ese entendimiento para alumbrar su camino hacia los comicios presidenciales.
Pero esencialmente Scioli lo requeriría para que la Provincia pueda contar con financiamiento externo el año próximo, a una tasa de interés más acorde a la de los países de la región como Uruguay y Brasil. La reelección de Dilma Rousseff y la victoria de Tabaré Vázquez en primera vuelta fueron vistos como un aliciente para el Gobernador por la tendencia favorable a los oficialismos, pero ese análisis no toma en cuenta que la situación económica de los vecinos es mejor que la local.
El escenario argentino se sigue pareciendo más al de Chile en 2009, cuando la Concertación gobernante fue derrotada por el derechista Joaquín Piñera, en buena medida porque los trasandinos repudiaron el estancamiento económico y optaron por una alternancia en el plano político. El regreso al Palacio de La Moneda de la socialista Michelle Bachelet cuatro años después ofreció al kircherismo más puro un buen espejo donde mirarse para proyectar el futuro de la Presidenta.
Así comenzaron a circular las versiones sobre el supuesto deseo de Cristina Kirchner de no tener un sucesor peronista en la Casa Rosada, para que eventualmente lo sea Mauricio Macri y el Frente para la Victoria pase a una etapa de resistencia de oposición desde la cual minar las bases de una gestión del líder del PRO, haciendo suya la vieja idea de que a la Argentina sólo la puede gobernar el peronismo. El acercamiento entre la Presidenta y el jefe de Gobierno porteño alimentó el supuesto.
Y en los últimos días, la participación de Berni en un acto de promoción de agentes de la Policía Metropolitana multiplicó los rumores, luego de que el secretario de Seguridad se hiciera presente en un operativo en el que fueron detenidos siete ciudadanos colombianos que se cruzaron con la custodia del fiscal federal Carlos Stornelli, justo cuando el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que incluye deportaciones para los extranjeros.
Por esa iniciativa, la Presidenta convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso, lo cual obligará a diputados y senadores a trabajar al menos hasta el 10 de diciembre. El que ya no estará en funciones a fin de ese mes será Eugenio Raúl Zaffaroni, quien acaba de renunciar a su puesto como ministro de la Corte con fecha del último día de 2014 y abrió de esa manera un debate sobre la necesidad de que se designe un postulante para reemplazarlo.
CANDIDATO PROPIO
Todas las previsiones indican que la Presidenta utilizará su facultad para nominar a un candidato, pese a que la oposición parlamentaria ya anticipó que su criterio es que sería mejor que esa designación la haga el próximo jefe de Estado. No obstante, el embate de Zaffaroni contra el veterano juez Carlos Fayt expresado en su carta de renuncia, puso de manifiesto que el kirchnerismo no va a dejar pasar la oportunidad para ocupar ese puesto tan importante.
A tal punto le interesa a la Presidenta la composición de la Corte, que en diálogos muy reservados planteó que a ella misma le gustaría ser ministra del máximo tribunal una vez que deje la Casa Rosada. Y pese a que los pocos dirigentes que escucharon ese deseo la conocen bien, no pudieron evitar quedar perplejos por semejante confesión. Por lo visto, Cristina Kirchner no tiene ninguna duda de que el título de abogada expedido por la Universidad de La Plata está en total regla.
Mientras tanto, se ve favorecida por algunas reapariciones sugestivas en el mundo de la política, como la de Hilda “Chiche” Duhalde -que quiere ser gobernadora de la Provincia- y la de Zulemita Menem, quien arrancó su carrera con un discurso que apunta a pegar a Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa con su padre, el ex presidente y actual senador Carlos Menem. Entonces, no faltan los que advierten que ambas están haciendo un intento por dividir el voto peronista opositor.
Más allá de las especulaciones partidarias, el país se encamina hacia fin de año en medio de algunas señales preocupantes, como el acuartelamiento de la Policía de Santa Cruz y los posibles reclamos de las fuerzas de seguridad en otras provincias, como Neuquén o la propia Buenos Aires. A su vez, la anunciada marcha contra el Gobierno nacional, denominada 13N, busca reflotar la protesta cacerolera tras el fracaso de la última convocatoria, con una expresión furiosamente anti K.
Pero a esta altura de las circunstancias, una manifestación de esa naturaleza sólo puede encrispar más a los gobernantes y remover los nervios de una sociedad agobiada por la inflación, la inseguridad y últimamente, por las imágenes desoladoras que dejaron las inundaciones.
 
                    
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