Se cumplen 112 años de la salida del primer default

Hace 112 años el país salía de su primer default. Fue -exactamente- en el mes de julio de 1893. Y el antecedente cobra una singular relevancia en la Argentina de estos días, que también acaba de salir de un estado de cesación de pagos que se extendió durante más de tres años.

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Cuando aún se encontraba en medio del proceso de su consolidación política y económica, a fines del siglo XIX, el país atravesó la primera turbulencia fuerte relacionada con deudas contraídas por el Estado y el sector privado en el exterior.

La crisis terminó de manifestarse a partir de la cesación de pagos de los empréstitos tomados en la casa inglesa Baring Brothers y sólo pudo ser destrabada con un acuerdo que determinó el futuro de la Argentina y sus relaciones con el resto del mundo por otros cuarenta años. Aquella negociación fue encabezada por el ministro de Hacienda del gobierno de Luis Sáenz Peña, Juan José Romero.

Con el "arreglo Romero" -como se bautizó al mecanismo que marcó la salida del primer default argentino y que fue firmado por el embajador argentino en Londres el 3 de julio de 1893- el país se comprometió en ese momento a pagar las deudas de acuerdo con su capacidad productiva y no a través de la toma de nuevos empréstitos, mecanismo que había alimentado durante décadas esa misma crisis.

Así lo narra el historiador inglés H. S. Ferns en su libro "La Argentina", un pormenorizado y profundo estudio de la vida del país desde sus orígenes, publicado en 1968.

LA PRIMERA DEUDA EXTERNA

¿Pero cómo empezó a generarse esa primera gran deuda argentina? Ferns afirma que los orígenes económicos y políticos de esa crisis de endeudamiento pueden identificarse claramente en el efecto de las prácticas del Estado y las clases terratenientes del país durante la segunda mitad del siglo XIX.

Hacia 1853, una vez depuesto el régimen de Rosas, se abrió un período en la historia argentina signado por la continuidad de un proyecto económico y político liberal y modernizador, encarnado en las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca.

Ese proyecto implicaba la necesidad de importar capital extranjero para el desarrollo de mecanismos de valorización de las tierras, como el tendido de vías de ferrocarril que pudieran expandir las áreas productivas hacia regiones como la Patagonia, recién ganada a los aborígenes.

Así, explica el historiador británico, fue desarrollándose una clase terrateniente que, ante el acuciante problema de la falta de capitales para mejorar y ampliar la explotación de las tierras, se lanzó a tomar créditos externos, básicamente de Gran Bretaña.

De esa manera, comenzó a formarse un volumen de endeudamiento público y privado que luego fue imposible detener. El Estado se endeudaba para financiar ese proyecto modernizador basado en la construcción del tendido ferroviario hacia lugares poco rentables, algo que requería grandes sumas de capital. Los terratenientes, por su parte, se endeudaban para capitalizar sus tierras.

ESTALLA LA CRISIS

La afluencia de capital y de mano de obra a la Argentina, que comenzó como un proceso sostenido en 1862, continuó con sólo un breve período de interrupción a mediados de los años setenta, hasta 1890. A fines de la década del '80 alcanzó una gran intensidad, a tal punto que entre 1888 y 1889, de la cuarta parte a la mitad de las nuevas emisiones del mercado de capitales de Londres correspondieron a empresas en la Argentina.

Pronto comenzaron a manifestarse los problema de ese crecimiento sostenido de ingreso de capitales. Es que durante todo este período estuvieron ingresando a la Argentina más bienes de los que se exportaban. La situación no podía seguir así indefinidamente y en 1890 se produjo la crisis que tomó el nombre de la casa bancaria londinense Baring Brothers, los principales banqueros del mundo ocupados en operar con valores argentinos en la década del '80.

Hacia 1890, Baring Brothers estuvo a punto de entrar en bancarrota por sus negocios argentinos. Por esos meses, el banco londinense se había comprometido a pagar a los contratistas que habían construido las grandes instalaciones portuarias de Buenos Aires. A cambio, el gobierno nacional había pagado con títulos por un valor nominal de 25 millones de dólares que los ingleses no podían colocar en el mercado internacional por la baja confianza en la capacidad de pago del gobierno argentino. Ese fue uno de los detonantes del conflicto que, en rigor, no había hecho otra cosa que agigantarse en los últimos años.

En Inglaterra, el colapso de la Baring Brothers amenazó con generar un pánico capaz de ocasionar el derrumbe de todo el sistema financiero británico. Para evitarlo, el gobierno inglés decidió respaldarlo con recursos del tesoro por unos 17 millones de libras esterlinas. La medida salvó la situación a corto plazo, pero lejos estaba de ser la solución para restaurar el flujo de capitales en ambas direcciones entre Argentina y Europa.

La economía argentina no podía producir lo suficiente para pagar sus cuentas: ni lo que consumía en forma corriente ni los compromisos con sus acreedores, relata Ferns en su libro.

Si bien la salida de la crisis se produjo durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, los cimientos, entiende Ferns, se habían echado unos años antes, a partir de la asunción como presidente de Carlos Pellegrini, en 1890, quien desechó por completo la política sugerida por algunos sectores, de repudiar las deudas y desvincularse económicamente de los centros financieros del mundo y decidió llegar a un acuerdo de fondo con los prestamistas británicos.

En ese marco se creó una comisión internacional de banqueros europeos presidida por Lord Rothschild, quien propuso otorgar un nuevo empréstito de quince millones de libras esterlinas para que el país pudiera hacer frente a sus obligaciones y mantuviera el crecimiento de su economía. Confiaban en que, de esa manera, Argentina podría en pocos años soportar la estructura del total de la deuda.

Una vez en la presidencia, tras las elecciones de 1892, Sáenz Peña se abocó a llegar a un acuerdo con los acreedores que los obligase a compartir parte de la carga de la reorganización de las relaciones financieras. Nombró, como ministro de Hacienda, a Juan José Romero, un hombre, tal como definió Ferns, "con muchos antecedentes de resistencia a la inflación controlada y a las políticas de créditos fáciles".

Romero estaba convencido de que la salida a la crisis no pasaba por la toma de nuevos préstamos que postergaran el día en que Argentina pudiera sustentarse por sí misma. Con esa idea, manifestó la necesidad de que el país comenzara a pagar sus deudas con recursos propios.

Finalmente, el 3 de julio de 1893 el país llegó a un acuerdo con los acreedores privados extranjeros cuyos detalles fueron diseñados por el propio Romero y que pasó a la historia con su nombre. Los banqueros aceptaron una reducción de intereses durante cinco años y la suspensión de los pagos de las amortizaciones. El gobierno nacional, por su parte, se comprometió a pagar sus deudas con recursos corrientes, de acuerdo con su capacidad productiva y no mediante nuevos empréstitos.

Tal como relata Ferns, el arreglo no agradó a ningún actor de la época. A los tenedores de bonos les parecía demasiado blando y los críticos argentinos lo consideraban demasiado favorable a los ingleses. A más de un siglo, la historia demostró que esa salida le permitió a la Argentina volver a expandir su economía, aumentar sus exportaciones, reanudar el pago de los servicios de la deuda y poner otra vez en marcha el proceso de inversiones. Por lo menos, durante otros cuarenta años, hasta que la crisis de 1930 volvió a reconfigurar el escenario económico mundial.