El robo de celulares, una epidemia en Latinoamérica

Guatemala, uno de los países de América Latina más afectados por el problema del robo de celulares, ha recurrido a la Ley para intentar reducir los niveles de violencia que, en los últimos años, han generado los delitos relacionados con el uso y posesión de los dispositivos móviles.

Debido a los cada vez más frecuentes hurtos de celulares en asaltos a mano armada y a plena luz del día en las calles de las ciudades guatemaltecas, varias organizaciones de la sociedad civil llevaban impulsando desde 2008 una iniciativa legal contra este grave problema.

La nueva ley, aprobada con carácter de “urgencia nacional” por el Parlamento de Guatemala, penaliza hasta con quince años de prisión el robo de teléfonos móviles y establece multas de hasta 25.000 dólares a quienes comercialicen con dispositivos que hayan sido robados o hurtados.

“Nos costó cinco años (...) debido a la oposición de las empresas telefónicas y a la falta de voluntad de los diputados y las autoridades”, explica Carmen Aida Ibarra, directiva del Movimiento Pro Justicia, una instancia de la sociedad civil que reúne a una decena de organizaciones que luchan en contra de la violencia y la impunidad que padece Guatemala.

No existen cifras precisas sobre la cantidad de personas que han sido asesinadas por los delincuentes al negarse a entregar su celular pero, según las autoridades de Interior, al menos diez de las cerca de 500 muertes violentas que como media se registran mensualmente en el país, están relacionadas con el robo de dispositivos móviles.

Las extorsiones que grupos delictivos realizan a empresarios y empleados del servicio de transporte público y pequeños comerciantes, y cuyo origen sería el móvil de, al menos cinco de los 17 asesinatos que a diario ocurren en Guatemala, también están relacionados con el uso de los celulares.

“La falta de control sobre quiénes poseen un teléfono celular facilita que los delincuentes utilicen estos medios de comunicación para extorsionar desde cualquier punto del país, incluso desde las cárceles”, explica Ibarra.

Aunque la ley aprobada por el Parlamento guatemalteco, la primera de su tipo en América Latina, cobrará vigencia “lo más pronto posible”, según el presidente Otto Pérez Molina, quien se comprometió a sancionarla en cuanto le sea enviada por el Congreso, los efectos podrían demorarse “muchos meses” en llegar.

Ello, debido también a que las empresas telefónicas han manifestado que “necesitan tiempo” para elaborar la base de datos que la ley les exige, en la cual deberán registrar el nombre de la persona propietaria de las líneas y números telefónicos, lo cual permitirá identificar y proceder judicialmente cuando aquellas líneas que estén implicados en algún delito de orden penal.

Según la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) de la Superintendencia de Telecomunicaciones, publicadas en febrero pasado, el año pasado fueron reportados un total de 142.745 móviles robados, un 40 % más de los 101.664 registrados en 2011 y lo que supone una media de casi 400 robos de teléfonos celulares al día.

SEIS TELEFONOS EN DOS MESES

A Juan Daniel Espina, un empleado bancario de la capital guatemalteca, le robaron o hurtaron seis teléfonos en apenas dos meses. “Cuatro me los quitaron a punta de pistola en las calles, mientras conducía mi vehículo en un sector del sur de la capital, al salir de mi oficina. Los otros dos (aparatos) desaparecieron de mi escritorio por arte de magia”, cuenta con un deje de ironía e incredulidad.

Según un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el robo de celulares “es un negocio millonario que beneficia, no solo a los ladrones, que de forma individual o en bandas organizadas despojan por la fuerza a los ciudadanos, sino también a quienes comercializan con los aparatos robados”.

“También se lucran las empresas telefónicas, que incrementan sus ventas de aparatos cada vez que un usuario reporta el robo de su celular”, explica la fuente.

“Un teléfono celular de última generación cuesta en el mercado local un promedio de 500 a 700 dólares, mientras que en los sitios ‘rojos’ donde se suelen vender objetos que, tanto los consumidores como las autoridades saben que son robados, el mismo aparato se consigue en 50 o 100 dólares”.

Las fuerzas de seguridad han realizado recientemente operativos en los lugares donde se comercializan los aparatos ilegalmente conseguidos, con saldos de, al menos, 50 personas detenidas y más de un millar de teléfonos decomisados.

“Pero en menos de 48 horas los detenidos recobraban su libertad porque no existía fundamento legal para procesarlos. Ahora esperamos que sea distinto y que los robos y asesinatos se reduzcan”, señala Ibarra.

La Ley de Equipos Terminales Móviles aprobada por el Parlamento guatemalteco contempla penas de seis a quince años de prisión a las personas que hurten o roben teléfonos celulares, así como de cinco a diez años a los que adquieran aparatos de “dudosa procedencia”.

También sanciona, con penas similares y multas de 5.000 a 12.000 dólares, a quienes “alteren” equipos terminales móviles, o comercialicen aparatos que hayan sido reportados como robados, hurtados o extraviados por sus propietarios.

Además, establece penas de seis a diez años de cárcel a quienes introduzcan teléfonos celulares a las prisiones del país, así como a los presos que utilicen esos aparatos para comunicarse desde las cárceles en que se encuentren detenidos.

Aparte, la nueva ley obliga a las empresas de telefonía móvil que operan en Guatemala, en un plazo de tres meses que correrá a partir de que la normativa cobre vigencia, a registrar todos los aparatos ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual elaborará una base de datos de los usuarios y comerciantes que venden chips y celulares.

“No se trata de una ley más, sino de una herramienta para terminar con esto. Todos sabemos que muchas personas han muerto por el robo de un celular”, dijo el presidente Pérez Molina a los periodistas.

UN FENOMENO GLOBAL

El robo de celulares se ha extendido como pólvora por toda América Latina. Una encuesta realizada a cientos de personas de la región por la empresa eslovena de seguridad informática ESET, señala que el 58 % de los usuarios de celulares han sido víctimas de robo en el último año.

Este “negocio”, según la Interpol, mueve al año más de doce millones de dólares en todo el mundo.

Se desconocen las cifras precisas sobre la cantidad de personas que han perdido la vida en los asaltos por el robo de celulares en América Latina pero, según datos oficiales, en 2012 fueron robados cerca de un millón de aparatos en Brasil, 216.000 en Ecuador y 156.681 solo en la ciudad de México. En Chile se robaron más de 340.000 celulares en 2010. En 2011 en Perú se robaron 3.785.000 y en Argentina se roban un millón por año.

La Policía de Colombia calcula que una sola estructura de tráfico de celulares puede sacar del país hasta 500 teléfonos mensuales, cada uno con precios que fluctúan entre los 200 y los 300 dólares.

Aunque en 2012 se vendieron unos 1.750 millones de celulares a nivel mundial, un 1,7 % menos que en 2011, la consultora tecnológica estadounidense Gartner prevé que en 2013 se venderán más de 1.000 millones de teléfonos inteligentes (smartphones) y 1.900 millones de celulares en general (feature phones).

La ley aprobada en Guatemala podría ser imitada en otros países de la región para reducir los niveles de casos de violencia relacionados con el robo de celulares.