Diputados: cruces por proyecto de ética pública

Un proyecto de ley de ética pública presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, y que entre otros aspectos contempla la obligación de presentar declaraciones juradas, quedó ayer en medio de una polémica entre diferentes bloques.

La iniciativa es impulsada por el Frente Renovador y un sector del Frente para la Victoria. De hecho, surgió de la unificación de proyectos de los massistas Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli, la camporista Rocío Giaccone y Rubén Grenada, del GEN.

La norma propone crear un Código de Ética Pública y Transparencia para el Ejercicio de la Función Pública de aplicación en todo el territorio de la Provincia. Al mismo tiempo, establece una regulación marco con deberes y pautas de comportamiento, incompatibilidades, nepotismo (con a prohibición en toda la Provincia de la designación o nominación de familiares), publicidad oficial y la obligación de presentación de declaraciones juradas.

Ayer, el massista Pablo Garate convocó, en su carácter de presidente, a una reunión de la Comisión de Reforma Política para intentar conseguir respaldos que permitan emitir un despacho del proyecto.

Pero la estrategia del massismo no logró prosperar, al chocar con las resistencias de los diputados de Cambiemos y de un sector del propio Frente para la Victoria que se negaron a acompañar la norma.

En efecto, según se confirmó, los legisladores Lucía Portos (Frente para la Victoria), Maximiliano Abad, Manuel Mosca y Santiago Nardelli, del oficialismo, anunciaron que no acompañarían el proyecto.

La reacción del Frente Renovador no se hizo esperar. Desde el bloque que conduce Juan Amondarain salieron a acusar a sus pares de Cambiemos y el kirchnerismo de “armar una alianza política para frenar una ley que crea un tribunal social autárquico para investigar todos los casos de corrupción de la administración pública”.

“Están unidos en contra de la transparencia en la provincia de Buenos Aires y no quieren que se avance en este proyecto que busca terminar con la corrupción y que se investiguen las irregularidades de las gestiones provinciales”, disparó el massista Lisandro Bonelli.

Desde el bloque oficialista justificaron su postura al cuestionar el “apuro” del massismo por emitir despacho cuando la gobernadora María Eugenia Vidal ya anunció que enviará un proyecto a la cámaras para crear una Oficina Anticorrupción y cuando, además, en el Senado se debate otra iniciativa similar impulsada por Patricio García, del Bloque Peronista.

“No entendemos la prisa por sacar esto y dejar fuera del debate a un actor como el Poder Ejecutivo, que además debería ser luego órgano de ejecución de lo que se está planteando”, disparó el diputado de Cambiemos Santiago Nardelli.

Desde el oficialismo salieron también a cuestionar a los massistas, que, entienden los diputados de Cambiemos, buscan obtener rédito político con esta propuesta, una polémica similar a la que abrió en torno a la ley que limitó las reelecciones de intendentes.