Lo único que falta es que legitimen las usurpaciones

Nuestra ciudad sigue sometida desde hace demasiado tiempo al flagelo de las usurpaciones de tierras, en una situación que ocurre ante la inacción, desinterés y permisividad de los poderes públicos que parecen ignorar la esencia del problema, consistente en que la usurpación es un delito que afecta siempre un derecho real de las personas, como lo es el de la posesión y que, además, vulnera en forma sistemática las reglamentaciones, siempre rígidas para el resto de la población, que el Estado impone para viabilizar cualquier asentamiento de viviendas.

Pero no se está sólo frente a ejemplos de visibles de inactividad administrativa o judicial por parte de los poderes públicos –siempre remisos a la hora de resguardar los distintos derechos desbordados por los eventuales intrusos- sino que se ha llegado a estructurar una política sistemática de legitimación de estos actos de arrebato de tierras, ya que los cuerpos legislativos suelen cerrar el círculo al sancionar leyes expropiatorias, que le dan legitimidad a las ocupaciones de hecho. Por cierto que estas convalidaciones legislativas, votadas muchas de ellas sin atender a pautas objetivas y, en cambio, subordinadas a especulaciones de tipo electoralista, han venido fomentando el fenómeno de las usurpaciones.

A lo largo de los últimos dos años se han registrado usurpaciones de tierras, por ejemplo, en el barrio San Carlos -donde los vecinos se vieron sorprendidos primero por un movimiento inusual de vehículos y, luego, por un virtual desembarco de personas que ocuparon rápidamente un predio tenía dueño conocido. Sin embargo, usurpaciones similares se registraron, en indefinida sucesión, en Los Hornos, City Bell, José Hernández y La Granja. Ahora, en las últimas semanas se registraron ocupaciones de tierras en Melchor Romero, Villa Elvira, El Retiro y otros barrios.

Un rápido repaso de las crónicas permite, asimismo, comprobar que no sólo ha imperado un manifiesto desinterés de organismos del Estado para prevenir y rechazar las usurpaciones de tierras, sino que se advierte en ellas la presencia de grupos perfectamente organizados que, en forma expeditiva, comienzan a levantar casillas precarias en esos predios, suscitándose a partir de allí controversias de toda índole. Los pobladores dijeron muchas veces haber escuchado algunos ruidos por la noche y, al amanecer, observaron que las motosierras talaban los árboles del predio ocupado ya por numerosas personas, que habían ya demarcado los nuevos lotes.

Se ha dicho siempre que tales ocupaciones -además de implicar una violación de la propiedad privada y de estar impulsadas, muchas veces, por organizaciones mafiosas que buscan su propio provecho- tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de los vecinos de aquellos barrios en los que se instalan los intrusos y suelen generar, por ejemplo, no sólo trastornos, sino, en ocasiones, hasta un rápido colapso de los servicios esenciales.

Desde esta columna se ha enfatizado, también, que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales impulsadas por grupos que actúan con fines de lucro, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en nuestra zona.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se está frente a un problema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución.