Las elecciones legislativas de octubre dejaron una enseñanza clara: la boleta única de papel (BUP) no sólo es un cambio de formato, sino una transformación de fondo en la manera de votar, de fiscalizar y de administrar nuestros procesos electorales.
Por primera vez, el país pudo comprobar que un sistema más transparente también puede ser más eficiente y económico. La boleta única simplificó la fiscalización, redujo los márgenes de error y ayudó a superar prácticas que, en el pasado, podían afectar la expresión plena y libre de la voluntad ciudadana.
Desde el punto de vista operativo, la mejora fue evidente: el proceso electoral demandó menos recursos públicos, menos impresión, menos logística y, sobre todo, menos gasto político. A la vez, el escrutinio se volvió más ágil y verificable, con resultados preliminares más confiables y con menor margen para la duda o la especulación.
Pero el cambio más importante fue cultural. La ciudadanía se adaptó con facilidad, comprendió el sistema y valoró la transparencia del procedimiento. Votar fue más simple, más rápido y más justo. En otras palabras: el elector pudo ejercer su derecho con total autonomía y claridad.
La experiencia dejó una conclusión que las provincias no deberían pasar por alto: la boleta única funciona. Mejora la calidad democrática, ordena la competencia electoral y hace un uso más racional de los recursos públicos.
En un contexto en el que la sociedad reclama integridad, eficiencia y respeto por el voto, la boleta única de papel representa una respuesta concreta, moderna y verificable. El desafío ahora es extender este sistema a las provincias, para que todo el país pueda votar con las mismas garantías de transparencia, equidad y economía.
(*) Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires
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