Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba

La semana pasada, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), informó un aumento de entre el 29 y el 35 por ciento en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad. Sin embargo -en consonancia al reclamo nacional- familias de personas con discapacidad y organizaciones a fines de la Ciudad (en La Plata, cerca de 17 mil personas tienen el Certificado Único de Discapacidad), repudiaron la medida y aseguraron continuar con el reclamo en pos del cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Débora Barani, representante de Familias TEA La Plata, expresó: “El aumento anunciado en discapacidad consiste en una actualización de los valores del nomenclador que, si bien representa un pequeño avance en lo formal, está muy lejos de cubrir la realidad económica que enfrentan las familias, los profesionales y las instituciones que acompañan a las personas con discapacidad”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad (cuyo objetivo es declarar la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027) se aprobó el pasado 10 de junio pero fue vetada el 4 de agosto por el Gobierno Nacional. No obstante, con la intervención de la Cámara de Diputados como el Senado, se anuló el veto y la ley salió. Sin embargo, en el decreto de promulgación, el Gobierno Nacional advirtió que la ejecución queda suspendida hasta que el Congreso no indicase cuáles son las partidas presupuestarias.

En síntesis, la norma, que busca establecer compensaciones económicas a prestadores, regularizar pagos y actualizar aranceles, entre otras cosas, quedó sin efecto. En este marco y tras meses de protestas, el Gobierno informó una recomposición en tres tramos sucesivos: octubre, noviembre y diciembre.

En este sentido, Lourdes Farías, Directora de acceso e inclusión en salud de la provincia de Buenos Aires advirtió: “La Ley de Emergencia en Discapacidad establece un aumento inicial del 70%. Pero, el aumento dado no solo es insuficiente sino que exhibe que no van a cumplir la Ley” y detalló: “es escalonado en 3 cuotas, por lo que recién en marzo del año que viene estarían cobrando ese aumento. No es retroactivo y empieza a correr a partir de octubre. Y una vez que se factura tarda aproximadamente 90 días en pagarse”.

En repudio al aumento, Barani manifestó que “la medida fue recibida con preocupación y decepción” y sumó: “quienes trabajamos en el territorio sabemos que el aumento no resuelve nada de fondo. Las prestaciones siguen en riesgo, los profesionales siguen cobrando tarde, y las familias continúan sosteniendo con muchísimo esfuerzo lo que debería garantizar el Estado”.

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Farías analizó que “en general, los prestadores no están de acuerdo con el aumento sino que exigen el cumplimiento de la Ley”, mientras que Barani aseguró: “Vamos a continuar articulando con otras organizaciones, familias y referentes del sector para visibilizar esta situación. Vamos a exigir respuestas concretas”, cerró.

UNO DE LOS RECLAMOS

En octubre, el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) anunció un nuevo nomenclador de discapacidad, similar al modelo nacional que funciona bajo la órbita de la Andis. De esta manera, trabajará con un sistema de categorización A, B, C.

Lo cierto es que el aumento establecido la semana pasada por el Andis, también afectaría a los prestadores e instituciones para personas con discapacidad que trabajan con esta obra social. En este marco, desde la Escuela Especial María Montessori, pidió la recategorización a “nivel A”, con el objetivo de poder percibir el aumento mayor.