Vidal decidió vetar la ley que suspende ejecuciones por rifa de Chascomús

La gobernadora María Eugenia Vidal decidió vetar la ley que suspendía por el término de 2 años las ejecuciones en Chascomús y Lezama vinculadas con la sentencia por la rifa de un campo, que se realizó hace 20 años, y por la que se condenó a la Provincia y al municipio lagunero. En ese marco, desde el bloque del Frente Renovador indicaron que insistirán en la norma que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial. 

"Desde el Frente Renovador vamos a trabajar en lograr los consensos para insistir en la ratificación de la ley que fue aprobada por unanimidad tanto en el Senado como en Diputados, para que se suspendan las ejecuciones en Chascomús y Lezama", resaltaron desde el bloque. 

Esta semana se conoció la decisión del Ejecutivo provincial de vetar la ley y desde las bancadas massistas resaltaron que "el Estado provincial es el responsable por la situación que enfrenta Chascomús y debe hacerse cargo, por eso vamos por la reparación y ratificar lo que decidieron los legisladores de la provincia de Buenos Aires cuando votaron a favor de la ley que ahora la gobernadora María Eugenia Vidal decide vetar".

El veto de la gobernadora María Eugenia Vidal debe ser aprobado o rechazado por la Legislatura provincial, por lo que desde el massismo confirmaron que trabajarán en buscar los consensos para reafirmar la ley que fue votada en la última sesión de Diputados.

El diputado del Frente Renovador, Javier Faroni, aseguró que "la Provincia se tiene que hacer cargo, Vidal debe recapacitar, esto no es una cuestión política. Se está castigando a un municipio porque el intendente de turno es del Frente Renovador, vamos a reafirmar lo que se votó en la Legislatura".

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La historia de la rifa 

En 1996, con participación del Consejo Escolar, las cooperadoras de tres escuelas rurales iniciaron una rifa sorteando como premio un campo a 700 pesos (en ese momento también dólares) cada número.

Cuando la rifa se anunció, las vecinas Sonia Della Vedova y Clorinda Gallego la vieron publicitada en los medios de la región. El campo que se sorteaba quedaba a unos 24 kilómetros de sus casas, tan ligadas que compartían medianera. Una docente y la otra ama de casa, se asociaron para la compra del número “2.300”, que las convirtió en ganadoras.

Tuvieron el campo un año y medio, pero, como estaba hipotecado y sólo tenía un boleto de compra venta a nombre del organizador de la rifa, las irregularidades se tradujeron en un remate judicial y se quedaron sin nada. Y en ese momento iniciaron la travesía judicial que concluye tras la confirmación de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, de la que, en el caso de Gallego, serán acreedores sus herederos luego de que falleciera hace unos meses.