Elisa Carrió va a los tribunales con otra denuncia contra Cristina

Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada pedirán hoy en la Justicia que se cite a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo por ser “los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto -el de Buenos Aires- que es propiedad del Estado Nacional”, cuando estaban en el gobierno, entre 2011 y 2015, por maniobras de extorsión.

A pocos días de las elecciones legislativas, Carrió y Martínez Villada presentarán en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal para que se investigue la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en una trama delictiva ocurrida entre 2011 y 2015, en el Puerto de Buenos Aires, según se informó desde ese espacio político.

De acuerdo a lo adelantado en un comunicado divulgado ayer, las legisladoras solicitarán a la Justicia que se investigue “el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad”, así como “el uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder”. En la presentación, las diputadas también pedirán que la medida alcance a los directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, entre ellos Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A.

La denuncia requiere que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido) que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule.

Este certificado consistía en una póliza de seguro por daños parciales y/o totales ante posibles lesiones al contenedor, según se explicó.

“Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte, Aníbal Florencio Randazzo, ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional”, dice la presentación que mañana llegará a la Justicia.

U$S 85 POR CONTENEDOR

Según sostuvo Gregorio Hernández Maqueda, abogado de las diputadas, “sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.”.

El cobro del TAP se comenzó a exigir “coercitivamente” en 2011, como parte de un convenio, según la demanda, entre las firmas IVETRA S.A (Instituto Verificador del Transporte S.A.), APC S.A (Administrative Processing Center S.A.), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires, y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional, que, a través del Ministerio del Interior y Transporte controlaba la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.), ente que tiene a su cargo el ejercicio del poder de policía sobre el ámbito portuario.

“El TAP sólo era ofrecido por APC S.A. y las Terminales portuarias no admitían seguros contratados libremente por el importador/exportador, por lo que se avaló desde el Estado un monopolio de mercado”, indicó el abogado.